Los arbitrajes fueron creados en el año de 1995 para resolver los conflictos entre públicos o privados y tienen la categoría de una sentencia judicial de Corte Suprema.
Para proteger a las entidades públicas del mal actuar de los árbitros que abusan de sus funciones, el congresista Gustavo Rondón Fudinaga presentó una propuesta legislativa que busca modificar un artículo del Código Penal que podría quitarles poder a los árbitros y someterlos a una norma donde sus decisiones y acciones sean cuestionadas.
Los arbitrajes fueron creados en el año de 1995 para resolver los conflictos entre públicos o privados, tienen la categoría de una sentencia judicial de Corte Suprema, son inapelables y de cumplimiento obligatorio.
Bajo ese blindaje se cometieron abusos contra diferentes instituciones del Estado, siendo una muestra lo ocurrido con la empresa Oncoserv que llevó al Gobierno Regional de Arequipa, a perder en un proceso irregular, más de 7 millones de soles.
Según explicó el parlamentario, los árbitros que litigan sobre recursos del Estado, deben estar incluidos como servidores públicos, siendo pasibles de responsabilidad administrativa, civil o penal por los daños o perjuicios que causen con sus decisiones.
Rondón dijo que solo de esta manera se podrá detener el abuso de poder, la corrupción y el tráfico de influencias, tal como ocurrió en todo el Perú con la red de Rodolfo Orellana, quien manejaba seis de los once tribunales arbitrales de Lima.
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