Cámara Peruana del Atún denuncia irregularidades en almacenamiento de conservas

Sheyla Beltrán, representante de la Cámara Peruana del Atún, denunció en RPP que es una práctica "bastante común" el retirar conserva de pescado no codificadas ni etiquetadas -especialmente en Chimbote- en el marco del pedido de la cámara en que Sanipes, el ente de Sanidad e Inocuidad en Pesca del Ministerio de la Producción, no autorice almacenes en tránsito para el manejo de conservas de pescado.

"Esta práctica no ha sido, desde nuestro punto de vista, correctamente combatida, abordada, de tal manera que es tan común y es de conocimiento público. Y el tema está en que ahora se han autorizado almacenes para que esto se dé en un flujo no controlado. Las fábricas deben producir, codificar, etiquetar, o en todo caso, si no pueden etiquetar, solicitar al Sanipés un permiso para poder trasladar, movilizar conservas a un almacén autorizado y etiquetarlas, pero no la codificación", declaró en Ampliación de Noticias, en donde agregó que la codificación "es parte del proceso de producción y no se puede terciarizar ni se puede hacer en un local fuera de la planta".

Beltrán aseguró que la supervisión actual está enfocada en las empresas formales, dejando de lado las actividades informales.

"La fiscalización no existe para la actividad informal y, es más, las autoridades en algún momento, cuando yo he estado presente en una inspección, lo que me han indicado es que ellos tienen una lista de administrados formales y solo pueden ir a inspeccionar a esos administrados. Pero todo lo ilegal no está en el marco de sus competencias, donde allí debe intervenir", mencionó en RPP.

Además, mencionó que las incautaciones recientes de más de 10 000 cajas de conservas sin codificar fueron realizadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Municipalidad del Santa, sin la presencia de Sanipes o Produce, entes reguladores del sector.

Desafíos en el sector atún

También mencionó que el decreto legislativo N° 1518 -que modifica la ley del impuesto a la renta- impone un impuesto a la renta al pescado, lo que afecta la competitividad de la industria atunera peruana frente a las importaciones.

En cuanto a las conservas incautadas, Beltrán afirmó que estaban destinadas a programas sociales, a pesar de no contar con la trazabilidad necesaria.

"Se ha convertido esto en una mafia de tal magnitud que se ha llegado a obtener certificados sanitarios antes de tener el producto terminado (...) Sospechamos de eso porque es harto sabido en Chimbote que existen documentos y que no existe el producto. Eso no es posible. [¿Qué hay autorizaciones que se dan y permisos que se conceden antes de que el pescador llegue con su producción?] Certificaciones que se emiten antes de que el producto se produzca", denunció.

Hace un pedido al MEF

Beltrán hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para revisar la ley de promoción del atún, calificando el decreto legislativo que impone el impuesto (a la renta) como "antitécnico" porque, aseguró, "cierra el acceso a la materia prima de la especie de atún para la industria nacional y le abre las puertas a que más volumen de conserva importada ingrese al país perjudicial para el desarrollo del sector".