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por Oswaldo Palacios
·El tribunal calificó el delito de crímenes de lesa humanidad perpetrado en la región de Huancavelica entre los años 1984 y 1995. Las organizaciones sociales destacaron la decisión judicial y la consideraron un hito histórico.
El Poder Judicial condenó a diez exmilitares por múltiples violaciones sexuales —calificadas de crímenes de lesa humanidad— que cometieron contra nueve mujeres de los distritos de Manta y Vilca, en la región de Huancavelica, entre los años 1984 y 1995.
La Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria impuso 12 años de pena privativa de la libertad a Sabino Rodrigo Valentín Rutti, mientras que Rufino Donato Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuaco, Epifanio Delfín Quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lisarbe, Arturo Simarra García, Lorenzo Inga Romero recibieron una sentencia de 10 años.
En tanto, a Martín Sierra Gabriel y Pedro Pérez López se les dictó 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, mientras que en el caso de Julio Julián Meza García, Gabriel Carrasco Vásquez Jhony Gutiérrez Herrera, se reserva el juzgamiento debido que se encuentran en calidad de reos contumaces.
El tribunal determinó, además, que los culpables —que perpetraron, de acuerdo con la defensa de los derechos de la mujer (Demus), violaciones “sistemáticas y generalizadas”— paguen la suma de 100 000 soles a cada una de las víctimas.
El proceso penal inició en 2009, pero en 2018 fue suspendido por falta de imparcialidad en los magistrados que integraban el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, según detalló Demus en ese entonces. El caso se reabrió el año siguiente.
Sentencia "marca un hito"
En 1984, el Ejército peruano instaló bases militares en ambas localidades para, supuestamente, brindar seguridad a los habitantes ante el accionar violento y proselitista del grupo terrorista Sendero Luminoso; sin embargo, las huestes, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se involucraron en una serie de violaciones derechos humanos.
La investigación de la CVR determinó que la violencia sexual fue una “práctica persistente y cotidiana” en los distritos de Manta y Vilca. Las víctimas no denunciaron los graves hechos ilícitos debido a las amenazas de muerte por parte de los militares.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) destacó la medida judicial y la consideró que “marca un hito en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad”.
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Oswaldo Palacios Portadista
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