César Nakazaki: No se debe entregar el cadáver de Abimael Guzmán "por el peligro de futuros delitos"

El abogado penalista César Nakazaki consideró que los proyectos de ley que se trabajarán al interior del Congreso sobre el futuro del cuerpo del cabecilla terrorista Abimael Guzmán debe cumplir ciertos criterios para evitar que agrupaciones que reivindican los atentados terroristas puedan denunciar este caso ante cortes internacionales. Entre estos, explicó que se debe demostrar que la utilización del cadáver "potenciaría" la continuación de delitos.

"Si logramos establecer que no es una ley con nombre propio, que no es la continuación de una pena más allá de la muerte, sino la necesidad de la sociedad peruana de protegerse de futuros delitos, no habría ningún problema. Lo que yo le agregaría a los dos proyectos de ley es que no solo quede a criterio del juez o el fiscal, sino que estos puedan tomar esta decisión a partir de informes de órganos especializados como la Dircote", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado explicó que la Fiscalía, luego de iniciar las diligencias tras la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, podría haber utilizado la figura legal del "estado de necesidad" para priorizar el derecho a la tranquilidad pública antes que el derecho patrimonial que tiene la familia del cadáver.

Asimismo, señaló que otra medida que se pudo haber tomado es que el Poder Ejecutivo establezca a través de la División contra el Terrorismo -Dircote- que la entrega del cuerpo de Abimael Guzmán implicaría los delitos de apología al terrorismo y que por una necesidad de seguridad pública su cadáver no sería entregado.

"Ya ahora nos encontramos en el Congreso e imagino que hoy o mañana tendremos una ley en la que hay que cuidar dos cosas: que no sea una ley con nombre propio y que no sea una continuación del castigo después de muerte. Tiene que ser que el peligro de futuros delitos el que justifique la no entrega del cadáver", explicó.

Procurador General presentó demanda de amparo

El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que se ordene a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao que se abstenga de entregar los restos del fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán a sus familiares y, a la vez, se disponga su cremación y su ulterior traslado de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.

Según señala el documento presentado ante el juez de turno especializada en lo constitucional, hay una amenaza de violación de los derechos colectivos y tranquilidad y el derecho a la protección judicial de las víctimas del terrorismo (1980-2000). Según el procurador, el objetivo de la demanda de amparo es salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean revictimizadas.

El procurador General del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal "quienes tenemos un rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales".

"No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales", mencionó.

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