RPP/ Rosario Coronado

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), encabezados por su vicepresidente Julio Magán Zevallos,  se reunieron por espacio de tres horas con representantes de diferentes instituciones del distrito Picsi (Lambayeque), con el   objetivo de llegar a un consenso y obtener la licencia social para la ampliación del penal de Chiclayo.

Sin embargo, después de escuchar diversas posiciones no lograron su objetivo, por lo que Magán Zevallos anunció que pedirán la intervención de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Hay una insatisfacción de la población que es comprensible  y atendiendo a su planteamiento, solicitaremos – a más tardar el lunes-  a la Unidad de Conflictos y Sostenibilidad que puedan tener una reunión (…) Vamos a conversar con el licenciado, Vladimiro Huaroc para que él destine o pueda conversar directamente con la población de Picsi”, expresó.

El funcionario refirió que se tiene la esperanza de que la PCM arribe a un acuerdo, pues de todas maneras se espera empezar con la ampliación en el presente año, con un monto superior a los 94 millones de soles.

Los asistentes exigen que el Gobierno Central y el gobierno regional ejecuten acciones en los sectores vivienda y saneamiento, educación, salud y seguridad ciudadana para así poder avalar el proyecto que tiene como objetivo reducir el nivel de hacinamiento del recinto carcelario que alberga a 2 800 reos.

A la cita también acudieron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero; el alcalde del distrito de Picsi, Alfredo Díaz; el comisario sectorial, teniente PNP Ronald Raymondi Medrano, entre otros.
     
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