Ciudadano chino presenta hábeas corpus contra Alan García por extradición

Un ciudadano chino presentó una demanda de hábeas corpus contra el presidente Alan García por "supuesta vulneración del derecho a la vida", ya que su eventual extradición a su país por defraudación tributaria puede implicar la condena a la pena de muerte, informaron fuentes legales.

"La demanda es preventiva para evitar que el Gobierno suscite un daño que cuando se produzca sea irreversible", dijo Luis Lamas Puccio, abogado peruano del ciudadano chino Wong Ho Wing.

La Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró el 27 de enero pasado procedente la extradición de Wong, quien es solicitado por la supuesta comisión de los delitos de defraudación tributaria, contrabando, lavado de dinero y soborno por un monto superior a 1,5 millón de dólares, presuntamente cometidos en la década de los noventa.

Ya que aún falta la firma del Ejecutivo peruano para que la extradición de concrete, la defensa de Wong interpuso la demanda de hábeas corpus ante el 42 Juzgado Penal de Lima contra el presidente García, así como contra sus ministros de Exteriores, José Antonio García Belaúnde, y de Justicia, Aurelio Pastor.

Lamas dijo que Wong denunció el año pasado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por supuestamente no respetar un criterio de homologación en los tratados internacionales, que sostiene que "en China hay pena de muerte y en el Perú no".

En el país suramericano la pena capital se aplica únicamente en caso de traición a la patria en un contexto de guerra externa.

"Según el reglamento de la comisión, el Perú no puede extraditar al ciudadano chino en tanto su caso se encuentre en trámite en el fuero internacional", aseveró Lamas.

El abogado indicó que si bien la Corte Suprema peruana condicionó la entrega de Wong al compromiso de las autoridades de China de no condenarlo a muerte, dijo que nada asegura que el pacto se cumpla.

El abogado teme que el Gobierno peruano le dé prioridad a sus relaciones comerciales sobre sus compromisos internacionales, dado que Lima está a la espera de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio suscrito con China, que tiene el mercado más grande del mundo y fuertes proyectos de inversión en el país suramericano.

Esta preocupación ya fue manifestada en octubre pasado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que presentó un "amicus curiae" (un documento de opinión legal que presentan terceros ajenos a un litigio) ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

En este texto la Coordinadora argumentó que incluso si mediara el compromiso de China de no aplicar la pena de muerte, la extradición no sería coherente con las obligaciones del Perú en materia de derechos humanos ni con el desarrollo de la jurisprudencia internacional y comparada.

EFE