Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe de libertad de expresión de julio

El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión en el que se encuetran varios casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el mes de julio de 2025. Entre estos se encuentran un incidente entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con un medio de comunicación y las denuncias del exministro Juan José Santiváñez y la fiscal Marita Barreto a periodistas.

Sobre el caso Santiváñez, el gremio periodístico recuerda que el asesor presidencial y exministro del Interior denunció a los periodistas del canal de televisión Latina por el delito de reglaje luego de que un reportaje de ese canal lo mostrara a las afueras de su casa, donde estaban estacionados vehículos del Estado, para revelar que se reunió con funcionarios públicos como ministros y el comandante general de la Policía Nacional del Perú.

El Consejo de la Prensa Peruana también cita que el fiscal Robinson Ramírez, de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, abrió investigación a los periodistas de Willax por acoso, violación de domicilio y "banda criminal" tras cuestionamientos sobre
la fiscal Marita Barreto, quien previamente abrió una denuncia.

Otro caso ocurrió cuando la Municipalidad de Lima utilizó sus canales de comunicación institucionales para "hostigar" al diario La República. En un post, señaló que trabajadores del medio habrían cortado el tapiz de los asientos de uno de los coches del tren Lima-
Chosica tras ingresar a este “sin autorización” luego de que una nota de este medio mostraba trenes deteriorados.

Otro caso ocurrió en Áncash, donde la periodista Gudy Gálvez Tafur, directora del medio Huaraz Noticias, viene recibiendo amenazas de muerte luego de que informara sobre presuntos manejos ilícitos y actos de corrupción en obras públicas en la ciudad.

El Consejo de la Prensa Peruana también recuerda cuando Palacio de Gobierno rechazó entregar información pública al programa Punto Final sobre los gastos de alimentación asignados a la presidenta Dina Boluarte y su familia a través de una tarjeta recargable porque, supuestamente, dicha información ponía en riesgo la seguridad de Boluarte.

Otro de los casos fue el debate de la Comisión Permanente del Congreso sobre la denominada 'Ley Mordaza', que busca ampliar las penas de cárcel y difamación -e incluir dentro de este último delito la figura de violación a la intimidad- y reducir a un día la rectificación de los medios de comunicación, que además deberían publicarla tres días.

Frente a casos como estos, el Consejo de la Prensa Peruana advierte que "la tendencia de funcionarios públicos a instrumentalizar la figura de delitos penales para perseguir y hostigar periodistas recrudeció en julio".

"Denunciar a periodistas por reglaje y por formar bandas criminales se está normalizando en el Perú, a pesar de que en realidad lo que hacen es informar a la ciudadanía sobre asuntos oscuros en la gestión pública. Para el Consejo de la Prensa Peruana, el asesor presidencial Juan José Santiváñez y la fiscal Marita Barreto abusan de la ley y la direccionan para perseguir periodistas. No es novedad: ya lo han hecho en anteriores ocasiones. En el pasado reciente, funcionarios como congresistas y fiscales han optado también por similares denuncias descabelladas, equiparando la labor informativa de los periodistas con actos criminales, y otras han aprovechado su condición de mujer para enmarcar sus denuncias como actos de agresión de género", apuntaron.

Por otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana saludó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre un caso de violación de derechos humanos de una ciudadana peruana en la que se señala que el Estado peruano "deberá garantizar que los representantes de las presuntas víctimas del caso puedan ejercer libremente la sepresentación legal [...] ante este Tribunal en todas las etapas del proceso internacional".

Puedes revisar el informe completo en este enlace.