Contraloría General de la República presentó el Índice de Corrupción a nivel nacional

La Contraloría General de la República presentó el Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021 que evalúa, por primera vez, a las entidades estatales respecto a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión.

El INCO estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas.

Sus estimaciones se basan en los hallazgos del control gubernamental y fuentes de información oficiales de entidades como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Durante la presentación, el contralor Nelson Shack destacó que el mayor valor del INCO es que permitirá hacer una radiografía sobre la situación de los riesgos de la corrupción y la inconducta funcional en el sector público. “Es la primera vez que hay un esfuerzo institucional, científico y sistematizado que no usa datos de percepción, sino datos puros de más de 10 bases de datos”, precisó.

Resaltó además que, en la medida que el Índice de Corrupción e Inconducta funcional se difunda, los titulares de las entidades no van a querer figurar “en rojo” y corregirán o perfeccionarán sus procesos de control. “Este es el inicio de toda una línea de investigación que la Contraloría va a impulsar decididamente a partir del próximo año”, agregó.

La Contraloría señaló que el INCO es la primera de varias herramientas analíticas interactivas que promoverá y su objetivo es convertirse en la plataforma nacional y oficial de información, así como evidencia para el estudio de la corrupción en el país.

Cómo van las entidades públicas

Entre sus principales resultados, el INCO muestra que 9 de cada 10 entidades evaluadas presentan problemas de corrupción e inconducta funcional; es decir, han dado positivo para dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad. Además, 187 se encuentran en los niveles alto y muy alto.

Asimismo, muestra que los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones, que son materia de impedimentos de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, son los que presentan mayor problemática, mientras que, a nivel de monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional, con un total estimado que asciende a los S/ 10,5 mil millones.

El INCO también señala que las entidades de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior tienen puntajes que alcanzan los niveles de alto y muy alto en dicho índice, mientras que las provincias que encabezan el ranking son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8).

Frente a dichos resultados, el contralor afirmó que la corrupción en el país ha penetrado el vértice del poder y todos los niveles de gobierno, haciendo que el Estado se vuelva inoperativo, y no se resuelvan los problemas de educación, salud o infraestructura.
“No ha habido una administración en la cual haya un deterioro institucional tan grande y tan rápido, producto de la corrupción que está permeando toda la administración y los platos rotos los van a pagar los ciudadanos, sobre todo los más pobres y vulnerables del país”, refirió.

Asimismo, expresó que está muy preocupado por lo que sucederá el próximo año, debido a que estamos a puertas de una crisis alimentaria. “Se imaginan todos los conflictos sociales y económicos que ello va a traer”, agregó.