Creyendo que “sirve al pueblo”, el ministro Juan Silva concibe que su función es garantizar la inercia que nos ha conducido a una elevada tasa de accidentes, a largos embotellamientos y a la emisión descontrolada de gases contaminantes.
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Todavía no ha juramentado el nuevo ministro del Interior y ya germina una nueva crisis en torno a otro ministerio, el de Transportes y Comunicaciones. Es cierto que la hoja de vida de Juan Silva nunca suscitó mucha confianza, pero ahora aumentan las razones para temer que su estrategia se reduzca a ceder ante las presiones de conductores y empresas que se oponen a la reforma. Es decir, a prolongar la informalidad, la ilegalidad y la precariedad de uno de los sistemas de transporte más caóticos de América Latina. Un audio difundido ayer evidencia que el ministro intenta obtener el respaldo y, literalmente, el aplauso de dirigentes informales a los que ofrece la destitución de las jefas de la ATU y la SUTRAN. Juan Silva les anuncia el nombramiento de nuevas autoridades que “estarán con ustedes”. Tal promesa significa que los organismos reguladores no podrán imponer multas ni cobrar los millones acumulados por las faltas cometidas por conductores de combis, coasters y buses que, como todos sabemos, actúan con conciencia de la impunidad que prevalece en el sector.
Creyendo que “sirve al pueblo”, el ministro Silva concibe que su función es garantizar la inercia que nos ha conducido a una elevada tasa de accidentes, a largos embotellamientos y a la emisión descontrolada de gases contaminantes. Como en todas las ciudades que han mejorado el transporte público, necesitamos reemplazar progresiva y concertadamente las pequeñas unidades informales por buses conducidos por conductores licenciados y asalariados. La negligencia se expresa de manera patente en el servicio de taxis, puesto que desde la época de Manuel Prado se decidió el uso de taxímetros cuya introducción ha sido boicoteada por dirigentes gremiales como los que hoy aplauden al ministro Silva. ¿Conseguirá con eso que se suspenda la huelga anunciada el lunes próximo? ¿O paga deudas contraídas con los transportistas durante la campaña electoral?
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