La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Perú por la detención arbitraria, torturas y violación sexual en 2008 de las que fue víctima Azul Rojas Marín, una mujer transgénero que para esa época era un hombre homosexual.
El ente publicó este lunes la sentencia en la que encuentra culpable al Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
"El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada", explicó la CorteIDH.
La versión de las autoridades indica que Rojas fue detenida para verificar su identidad, pero la sentencia de la CorteIDH califica esa detención como "arbitraria" porque se realizó con motivos "discriminatorios". Además estableció tras la prueba de exámenes médicos que existió una violación sexual en contra de Rojas que le dejó heridas físicas.
Los jueces también consideraron que "la violación anal y los comentarios relativos a la orientación sexual, evidencian también un fin discriminatorio, por lo que constituyó un acto de violencia por prejuicio" y que los hechos se ajustan a un "delito de odio", pues "es claro que la agresión a la víctima estuvo motivada en su orientación sexual".
La sentencia ordena al Estado peruano continuar las investigaciones que sean necesarias para identificar y juzgar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, así como brindar de forma gratuita, inmediata y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico que requiera la víctima.
Asimismo también deberá adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, y además implementará un plan de capacitación y sensibilización para su personal estatal.
Perú también está en la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima por concepto de daño material e inmaterial.
EFE
