El Ejecutivo decretó el estado de emergencia en diversos distritos y provincias de Arequipa por 60 días calendario, para atender los efectos de las lluvias intensas, granizadas, heladas, vientos fuertes, originando deslizamientos, huaicos, derrumbes, entre otros.
El decreto supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, refiere que estos fenómenos climatológicos se registraron durante los meses de febrero y marzo, que ocasionaron daños de magnitud en la salud y el patrimonio de la población, para lo cual se adopta esta medida.
La norma establece el Estado de Emergencia en las provincias de Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Asimismo en los distritos de Characato, Chiguata, La Joya, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vitor, Yarabamba y Yura, de la provincia de Arequipa.
También para los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña y Quilca, de la provincia de Camaná; y los distritos de Cocachacra e Islay, de la provincia de Islay.
La declaratoria en emergencia permitirá la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.
Las acciones a ejecutar estarán a cargo del gobierno regional de Arequipa y las autoridades municipales de las localidades mencionadas, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Educación, Interior, Defensa y demás instituciones públicas y privadas.
Estas entidades ejecutarán las acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para el restablecimiento de los servicios básicos y de la infraestructura diversa; acciones que pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades.
La norma lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala; el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano; el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites; el ministro de Defensa, Jakke Valakivi; el ministro de Educación, Jaime Saavedra y el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
Esta firmado también por el ministro de Salud, Aníbal Velásquez; el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo; y del ministro Vivienda, Construcción y Saneamiento; Milton Von Hesse.
