En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la institución advirtió que durante la pandemia por la COVID-19, se han agravado las barreras en el acceso a los servicios de salud, información y empleo para estas personas.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo advirtió que durante la pandemia por la COVID-19, las personas con discapacidad han sido uno de los grupos poblacionales más afectados, ya que las barreras en el acceso a los servicios de salud, información y empleo se han agravado, intensificando la brecha de desigualdad. Asimismo, señala que si bien la población con discapacidad está dentro de la población vulnerable, no se ha discutido medidas prioritarias o preventivas de forma específica.
La Defensoría del Pueblo también advirtió que desde antes de la crisis sanitaria ya existía discriminación y en actual contexto se ha comprometido el derecho a la salud y la vida de las personas con discapacidad ante la negación de atención médica, interrupción de tratamientos, terapias, traslados a hospitales y unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, exhortaron a priorizar a la población con discapacidad en el suministro de la vacuna del COVID -19.
Por otro lado, durante una supervisión al Programa Contigo, que entrega una subvención económica cada dos meses a personas con discapacidad severa y en condición de pobreza, se identificó que, a julio de este año, existen 40 033 beneficiarios que representan el 32 % de personas con discapacidad severa en condición de pobreza; el otro 68 % de la población objetivo del Programa no accede a la pensión.
En ese sentido, Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que para garantizar un nivel de vida adecuado que atienda las necesidades básicas de las personas con discapacidad se requiere incrementar el monto de S/ 300 y el número de beneficiarios.
Con respecto a Educación, se supervisaron las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación y se halló que no hay garantía de la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Al respecto, se advirtió una insuficiente articulación entre el Minedu y las autoridades de los distintos niveles educativos, así como limitados recursos educativos adaptados para las necesidades de los estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas especiales.
Esto se identificó no solo en la educación básica, sino también en la universitaria, donde en un muestreo cualitativo aplicado a 207 personas se halló que el 88 % de los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de Internet, dispositivos informáticos o electrónicos (universidades públicas), el 63 % de los encuestados no tuvieron facilidades en la conectividad virtual (universidades privadas) y el 89 % de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados manifestó que no se implementó la interpretación de lengua de señas.
En relación a las medidas excepcionales de apoyo social implementadas durante la pandemia, en distintas regiones supervisadas se ha verificado que no se ha priorizado la atención de las personas con discapacidad. Además, se advirtió que en muchos casos las Oficinas Municipales de Atención a las Persona con Discapacidad (Omaped) funcionan con escasos recursos económicos (no se cumple con asignar el 0,5 % del presupuesto de la Municipalidad) y humanos (una sola persona por oficina) o suspendieron actividades.
En materia de salud mental, el 71 % de la población peruana experimentó problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones o depresión. 3 de cada 10 personas mayores de 18 años han tenido episodios depresivos; de este grupo, 4 de cada 10 presentaron depresión moderada y severa, y 1 de cada 10 tuvieron ideas suicidas.
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