Desde la Defensoría del Pueblo sostuvieron que la norma aprobada en el Legislativo resulta “abiertamente inconstitucional”, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso a una pensión a toda persona.
La Defensoría del Pueblo se pronunció este miércoles en contra de la decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia el proyecto de retiro de hasta 4 300 soles para los aportantes afiliados a la ONP.
A través de un comunicado, el organismo reconoció el rechazo del Legislativo a las reglas vigentes del Sistema Nacional de Pensiones; sin embargo, consideró que la propuesta de devolución de los fondos “afectaría las bases elementales del sistema de seguridad social”.
Precisó que esta iniciativa resulta “abiertamente inconstitucional”, debido a que vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental de una pensión, además de la “intangibilidad institucional” de dichos fondos.
“Esta garantía permite que el dinero de los aportantes, que va a un fondo común, solidario y colectivo, sirva para pagar las pensiones de las personas adultas mayores durante su vejez”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que si esta ley es promulgada podría afectar a miles de aportantes en su acceso a los servicios prestacionales de EsSalud, dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Respecto de la actual situación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, la Defensoría indicó que es necesario que se atiendan y resuelvan los desafíos estructurales, aunque consideró que se debe respetar el marco constitucional y optar por una reforma integra.
“El camino para hallar una solución, con respeto al marco constitucional vigente, pasa necesariamente por implementar una reforma previsional integral de largo aliento, que permita a un mayor número de personas acceder a pensiones dignas. Este trabajo, que viene siendo impulsado por la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, sería perjudicado de aprobarse por insistencia la referida norma”, indicó.
La Defensoría del Pueblo les solicitó evaluar fórmulas alternativas que puedan beneficiar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad como un proyecto de ley que busca otorgar pensiones a los mayores de 65 años con mínimo de diez años de aportes y que permite percibir una pensión e ingresos por razones de trabajo.
Agregó que tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen la obligación de articular esfuerzos para alcanzar una solución prudente y que resuelva los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, propósito que se vería afectado con la promulgación de esta autógrafa.
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