Dos empresas dejaron construcción de viviendas inconclusas y sin sistemas de agua y desagüe, entre otras cosas, en barrios populares de la ciudad de Trujillo (La Libertad).
Dos empresas constructoras contratadas por el programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda habrían incumplido con sus obligaciones al dejar inconclusa la construcción de gran cantidad de viviendas en barrios populares de la ciudad de Trujillo, dejando los predios de familias humildes sin los servicios básicos correspondientes.
La empresa DSD constructores, de propiedad del candidato a la alcaldía de Trujillo por el Partido Aprista, Daniel Salaverry, no terminó con la construcción de las viviendas del asentamiento humano, El Alto de Trujillo, privándole a muchos de sus habitantes de los servicios básicos de agua, desagüe y luz además de dormitorios sin puertas, ventanas entre otras cosas, informó el programa "Cuarto Poder".
"Las otra constructoras sí dejaban con silo las casas pero la mía, nada. Yo le reclame al señor Salaverry y me dijo "ya ya, voy a mandar a que lo arreglen", pero hasta hora nada", dijo una moradora de dicho asentamiento.
Por su parte, Salaverry respondió: "No es nuestra obligación construir silos. Por qué otras empresas si lo hicieron, no lo sé, pregúntele a ellos. Nosotros hemos sido escrupulosamente cuidadosos en cumplir todo lo que dice el contrato".
Sin embargo el reglamento del bono familiar estipula que el predio debe cumplir con servicios de agua luz y desagüe. De lo contrario para la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio, debe poseer "la factibilidad de servicios o solución alternativa que permita la dotación de dichos servicios".
Además Salaverry habría incumplido con la ley y el reglamento del Fondo Mi Vivienda al faltar a la verdad en los planes sanitarios presentados en el 2008, en los que indicaba que dichas construcciones sí tendrían conexión a la red de desagüe, cuando en ese momento ni siquiera había los estudios de factibilidad.
El informe periodístico además de mostrar la indignación de los habitantes de escasos recursos, señala que cada familia pagó 700 soles para tener viviendas habilitadas tal y como lo estipula la ley; pero la realidad dista mucho de que sea así.
De otro lado, la empresa Yodana contratistas Generales, de propiedad de Betsy Sifuentes, estaría en situación similar al haber al no concluir las obras en una asentamiento humano denominado, Las Palmeras, perteneciente al distrito de La Esperanza.
Una de las involucradas en esta empresa es la esposa del congresista aprista Elías Rodríguez, Patricia Canchucaja, quien se dedicaba a cobrar los 700 soles a cada familia por el levantamiento de sus viviendas.
La empresa DSD constructores, de propiedad del candidato a la alcaldía de Trujillo por el Partido Aprista, Daniel Salaverry, no terminó con la construcción de las viviendas del asentamiento humano, El Alto de Trujillo, privándole a muchos de sus habitantes de los servicios básicos de agua, desagüe y luz además de dormitorios sin puertas, ventanas entre otras cosas, informó el programa "Cuarto Poder".
"Las otra constructoras sí dejaban con silo las casas pero la mía, nada. Yo le reclame al señor Salaverry y me dijo "ya ya, voy a mandar a que lo arreglen", pero hasta hora nada", dijo una moradora de dicho asentamiento.
Por su parte, Salaverry respondió: "No es nuestra obligación construir silos. Por qué otras empresas si lo hicieron, no lo sé, pregúntele a ellos. Nosotros hemos sido escrupulosamente cuidadosos en cumplir todo lo que dice el contrato".
Sin embargo el reglamento del bono familiar estipula que el predio debe cumplir con servicios de agua luz y desagüe. De lo contrario para la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio, debe poseer "la factibilidad de servicios o solución alternativa que permita la dotación de dichos servicios".
Además Salaverry habría incumplido con la ley y el reglamento del Fondo Mi Vivienda al faltar a la verdad en los planes sanitarios presentados en el 2008, en los que indicaba que dichas construcciones sí tendrían conexión a la red de desagüe, cuando en ese momento ni siquiera había los estudios de factibilidad.
El informe periodístico además de mostrar la indignación de los habitantes de escasos recursos, señala que cada familia pagó 700 soles para tener viviendas habilitadas tal y como lo estipula la ley; pero la realidad dista mucho de que sea así.
De otro lado, la empresa Yodana contratistas Generales, de propiedad de Betsy Sifuentes, estaría en situación similar al haber al no concluir las obras en una asentamiento humano denominado, Las Palmeras, perteneciente al distrito de La Esperanza.
Una de las involucradas en esta empresa es la esposa del congresista aprista Elías Rodríguez, Patricia Canchucaja, quien se dedicaba a cobrar los 700 soles a cada familia por el levantamiento de sus viviendas.
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