Desastres naturales y negligencias de gestión, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El presidente de la República viajó ayer a Tacna y al Cusco, donde se han producido fuertes lluvias, desbordes de ríos, huaicos y la consiguiente inundación de ciudades con su cortejo de muerte, destrucción y bloqueo de comunicaciones. Como ha sucedido en numerosas oportunidades en esta misma época del año, el agua causa estragos sobre todo en zonas en las que nunca debió construirse. Por eso es que algunos especialistas dudan de la denominación “desastre natural”, cuando en realidad se trata de negligencia de autoridades que otorgan licencias de construcción a sabiendas del riesgo a que se exponen los habitantes. Eso ha sido claramente el caso en Tacna, donde el clientelismo político y la corrupción se han conjugado, a cambio de votos o a cambio de coimas. Es lo mismo que vemos en la gran mayoría de ciudades de nuestro país: traficantes de terrenos cobran a personas necesitadas de vivienda para organizar invasiones de terrenos, que terminan por recibir servicios de agua y electricidad. Por eso ha hecho bien el presidente Vizcarra cuando en el lugar de los hechos declaró que no todos los damnificados de Tacna podrán regresar al lugar donde habían construido sus viviendas. Desde luego, nada de eso quiere decir que los trabajos de emergencia y rescate no deba llevarse a cabo de la manera más esforzada, lo que felizmente viene haciéndose también en la provincia de La Convención, donde al menos tres puentes fueron destruidos por la crecida del río. Lo que más irrita es ver las cantidades de dinero que los gobiernos regionales, las municipalidades y los ministerios dejan de gastar, por incapacidad de ejecución. En el caso de Tacna, 28.5% de los fondos dispuestos para prevenir desastres fueron devueltos, pero peor aún es el caso de regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Pasco y Tumbes, que gastan menos de la mitad de su presupuesto. Igualmente, lamentable es el desempeño del Ministerio de Agricultura que recibió 535 millones para prevenir riesgos, pero que solo ejecutó 55%.

Algo semejante puede suceder con enfermedades infecciosas y en particular el coronavirus o Covid 19, que avanza en Europa. Son fenómenos naturales, pero su nocividad depende de cuán capaces seamos de prepararnos. Preparación no solo es el necesario dispositivo en centros médicos, sino también quiere decir disponer de servicios higiénicos provistos de jabones adecuados. Como sabemos no es siempre el caso en hospitales y colegios. El coronavirus se contagia como la gripe, es decir a partir de los estornudos o tosidos que esparcen en el aire los fluidos de personas infectadas. Lo mejor que los ciudadanos podemos hacer es lavarnos las manos y evitar, en la medida de lo posible, tocarnos la cara. Pero el Estado tiene que explicarnos cuál es el protocolo adoptado para el ingreso a nuestro país de tripulaciones de barcos y aviones venidos de China o con pasajeros susceptibles de haber sido contagiados.

Lejos de los grandes temas públicos, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un tema que nos desafía como sociedad porque pone a prueba nuestro sentido de la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. El TC no ha privado de fundamento constitucional a viejas prácticas culturales como la tauromaquia y el combate de gallos. No se trata del enfrentamiento entre una posición mala y otra buena. Ambas tienen argumentos y respaldo popular. Por una parte, ha aumentado en todo el mundo la sensibilidad hacia los animales y en muchos casos la tesis de que tienen derechos que no pueden ser violados. Por otra parte, la tauromaquia y el combate de gallos son prácticas tradicionales que en muchos pueblos de nuestro país constituyen un factor de encuentro, de identidad y de dinamismo económico. En este campo, como en muchos otros, el que no piensa como uno no es un desalmado ni un insensible. Lo único seguro es que la decisión del Tribunal, por más reducido que haya sido el margen de la votación, debe ser respetada por todos.

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