Experto sostiene que el narcotráfico cada vez penetra más sectores económicos para "lavar" sus activos o para aprovechar redes de transporte y comercialización.
El negocio de la droga genera unos beneficios anuales de 700 millones de dólares en Perú, que se "lavan" en cada vez más sectores de la economía y en todas las regiones del país, según explicó un experto en Lima.
Jaime García Díaz, profesor de la Universidad de Lima, explicó en una rueda de prensa que los cálculos más realistas y recientes señalan que la exportación de droga (principalmente cocaína) alcanza un valor de 1.200 millones de dólares anuales.
"Esto no nos convierte en una narcoeconomía, pues esa cifra equivale al uno por cien del PIB nacional o el cinco por cien de las exportaciones, pero en algunas regiones, como Ayacucho o Huánuco, la actividad del narcotráfico supone hasta el 12 por cien del PIB regional", advirtió.
García coincidió con Rómulo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), también presente en la rueda de prensa, que el narcotráfico cada vez penetra más sectores económicos para "lavar" sus activos o para aprovechar redes de transporte y comercialización.
Algunos de los sectores más afectados son el agroalimentario (café, espárragos y productos agrícola de alto valor añadido), la minería, el inmobiliario, la hostelería y restauración, explicaron.
Asimismo, coincidieron en la necesidad de que el estado cree un sistema que integre a todas las instituciones afectadas por el fenómeno del "narcolavado", como la Policía, la Dirección Antidrogas, el Poder Judicial o las direcciones tributarias.
La Unidad de Inteligencia Financiera -que aún es débil, reconoció Pizarro- recibió en 2008 reportes de 2.379 "operaciones sospechosas", y 1.217 en lo que va de año, pero en general menos de un doce por ciento se traducen en una intervención judicial, según dijo García.
El lavado de activos afecta al Estado por todo lo que genera de competencia desleal, volatilidad de los tipos de cambio, aumento exagerado del precio de los inmuebles y de los terrenos, además de que debilita las instituciones, coincidieron ambos expertos.
García subrayó que toda estrategia contra el lavado de activos debe tener un enfoque regional que incluya a Colombia y Bolivia, por ser países con problemas similares a los de Perú, y en este sentido Pizarro se quejó de que la cooperación internacional o bien decrece, como la procedente de EE.UU., o es casi inexistente en el caso de Europa.
-EFE
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