Dudosas reformas de la colaboración eficaz, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Ahora que se habla de un período de tregua entre el Ejecutivo y el Congreso, la clase política debería aprovechar para ponerse de acuerdo sobre cambios dirigidos a restablecer la confianza en nuestras instituciones, es decir en nuestra democracia. Los informes de Latinobarómetro evidencian que a nivel regional retrocede la confianza en la democracia, lo que explica en parte la aparición de dictadores de nuevo cuño, el caso más grotesco de los cuales es el del nicaragüense Daniel Ortega. Ortega ha dejado morir en prisión a un ex general sandinista, Hugo Torres quien en 1974 tomó riesgos graves para liberar a Ortega de una cárcel somosista. En Nicaragua mueren prisioneros políticos para permitir que Ortega se haya podido presentar a su cuarto mandato presidencial consecutivo.

En el Perú lo que más daña la imagen de la democracia es la corrupción. Lo grave no es solo que las más altas autoridades del Estado incurran en ella: lo grave es la impunidad. No estamos hablando solamente de casos del pasado, sino de casos que siguen produciéndose cada día, al amparo de nombramientos arbitrarios y de una oposición dispuesta a intercambiar favores. Por eso resulta alarmante que, contra las opiniones técnicas, se pretenda modificar los plazos de la colaboración eficaz, como propone la Comisión de Justicia, bajo presidencia de la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz. Todos hubiéramos querido que los plazos sean más breves y que la Justicia pueda condenar más rápidamente. Pero reducir los plazos de la colaboración eficaz pone en riesgo todo el esquema judicial que ha permitido hacer la luz sobre casos complejos, por la circulación internacional de dineros ocultos. Todavía podemos esperar que se levanten voces libres en el Pleno, dispuestas a evitar que se apruebe una ley que podría beneficiar a delincuentes con influencia poderosa en bancadas del Congreso.

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