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Entre los delitos más execrables figura sin duda el abuso psicológico y sexual de los propios hijos. Nuestra evolución como especie depende de la transmisión de saberes y valores entre las generaciones. De ahí que el daño que los padres pueden causar a niños y jóvenes sea a veces irreparable. Una denuncia en esta materia debe ser atendida siempre con el mayor rigor. Y ahora sabemos que una denuncia de este tipo fue recibida el año pasado en una comisaría de San Isidro. Fue realizada por un hijo de Gonzalo Alegría, candidato a la Municipalidad de Lima por el partido Juntos por el Perú, aliado del gobierno de Pedro Castillo. Gonzalo Alegría negó el martes que esa denuncia existiera. Y afirmó que se trataba de una maniobra ejecutada por actores políticos y económicos ligados a los peajes de Lima, para impedir su progreso en las intenciones de voto.
Esa lectura distorsionada de los hechos lo llevó también a maltratar a periodistas como Laura Grados y Milagros Leyva, a quienes amenazó con querellas judiciales por, supuestamente, intentar difamarlo. Hoy sabemos gracias a la Defensoría del Pueblo que la denuncia ha sido remitida por la comisaria a la Fiscalía. El caso de Alegría confirma el sentimiento de impunidad con el que algunos candidatos solicitan el voto de los electores. Y evidencia la nefasta influencia del discurso oficialista contra la prensa independiente. Sin la prensa libre, lo que hoy sabemos sobre el comportamiento de Gonzalo Alegría hubiera permanecido en silencio y el desamparo de las víctimas continuaría aumentando en nuestro país. Alegría debería renunciar a su candidatura, someterse a las exigencias de la Justicia y pedir perdón a las periodistas que ha ofendido.
Las cosas como son
