El Congreso y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo sobre una ley destinada a reducir el impacto de la inflación.
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El Congreso y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo sobre una ley destinada a reducir el impacto de la inflación. En otros países del mundo esto no sería una noticia sino una convergencia natural. Pero en nuestro país sí lo es, porque estamos acostumbrados a una polarización que lleva a que uno y otro Poder del Estado olviden los intereses de la población, convirtiendo la política en un ejercicio de confrontación sin Norte.
En productos alimenticios la inflación ha llegado al 10%, es decir más que el promedio general de precios. El gobierno optó por exonerar de Impuesto General a las Ventas a algunos elementos considerados básicos de la canasta popular como el aceite, los huevos, el pollo, el pan y el azúcar. El Congreso modificó el Proyecto enviado por el Ejecutivo, ampliando su plazo de vigencia y formulando de manera imprecisa los rubros beneficiados por la exoneración fiscal.
Pero ha sabido reconocer su error y anoche el Pleno se allanó ante el nuevo texto presentado por el ministerio de Economía. 95 votos a favor y solo 10 en contra permiten soñar con otros temas en los que también se puedan alcanzar consensos. Pero sería un error creer que el problema está resuelto con la aprobación de una ley. Algunos economistas han advertido que la reducción del 18% del IGV que va a entrar en vigencia desde el 1 de mayo no se va a reflejar de manera automática en el precio que paga el consumidor.
La economía peruana es demasiado informal y el Estado carece de recursos para garantizar que lo que se deje de percibir como recaudación no sirva para enriquecer a la con frecuencia oscura cadena de intermediación que va desde el productor hasta el consumidor. A fin de julio veremos si la presión inflacionaria cede y si una exoneración de tres meses no se vuelve permanente.
Las cosas como son
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