El maltrato al Archivo General de la Nación

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Poco después de la invención de la escritura, los viejos pueblos de Mesopotamia comenzaron a guardar los documentos que constituyen la memoria colectiva de una nación: los hechos de los gobernantes, los acuerdos con los vecinos, los resultados de las cosechas, los impactos climáticos, los avances de las construcciones, las decisiones judiciales, el protocolo de los ritos, etc.

En nuestro país disponemos de un Archivo General de la Nación desde la época de Ramón Castilla, quien quiso dar un gran impulso a la formalización del Estado, su funcionamiento y sus instituciones. Desde hace más de ochenta años, la mayor parte de ese Archivo ha sido guardada en locales inadecuados del Palacio de Justicia.

Documentos que remontan a los siglos pasados requieren condiciones especiales para no ser destruidos por la humedad, las filtraciones de agua, los insectos, el fuego y los cambios bruscos de temperatura. Era obvio que el Ministerio de Cultura debía garantizar la mudanza de una masa enorme de documentos a un local propio y acorde con la tarea de preservar nuestra memoria colectiva.

¿Por qué tendríamos que exponernos al riesgo de ver desaparecer la capitulación de Ayacucho, los contratos del Estado, las cartas de Miguel Grau o los informes sobre el terremoto de 1940? Es cierto que disponemos de archivos particulares en buen estado, como los de la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pero lo que nos une a todos es el Estado nacional cuya memoria se conserva en el Archivo General.

 ¿Es razonable alquilar un costoso local industrial cerca del puerto del Callao para que toneladas de documentos sean depositadas mientras se construye un local propio? La negligencia para cuidar el Archivo de la Nación es tan absurda como el desuso de las instalaciones del Museo de la Nación, técnicamente impecable pero vacío.

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