Estibadores del puerto de El Callao cumplen su tercer día de huelga

El puerto de El Callao, al norte de Lima, principal terminal portuaria de Perú, se encuentra gravemente afectado por una huelga de estibadores que cumple ya su tercer día consecutivo.

El Sindicato de Estibadores considera que el paro "es un éxito, pues no se ha movido ni una nave", según dijo a Efe su secretario general, Wilmer Estévez.

Contactada por Efe, la Autoridad Portuaria no ha dado hasta el momento su valoración del paro, pero la Asociación de Exportadores peruanos (ADEX) ha criticado la medida y ha calculado que genera unas pérdidas diarias de 68 millones de dólares, entre operaciones de importación y exportación.

El sindicato representa a 1.100 estibadores solo en el Puerto del Callao -que centraliza el 70 por cien del tráfico portuario en el país-, y ha promovido el paro en demanda del derecho a la sindicalización, a la jubilación anticipada y a mejoras salariales, entre otras cosas.

Según Estévez, la solución está en manos del Congreso de la República, y su sindicato está dispuesto a seguir indefinidamente en huelga hasta que los congresistas aprueben un proyecto de ley que ya está en el Legislativo.

El puerto del Callao tuvo el año pasado un tráfico de 1.089.838 contenedores, y se ha convertido en el más activo de toda la costa Pacífica de América del Sur, según la Empresa Nacional de Puertos de Perú.

El presidente de ADEX, Juan Varilias, pidió a las autoridades reaccionar rápidamente ya que muchas empresas de los subsectores agroindustrias, confecciones, textil, metalmecánica y otros más no pudieron hacer sus despachos por la medida de fuerza.

"Los estibadores tienen sus motivos, pero no constituyen un argumento para que perjudiquen de esa manera al país. Es increíble que poco más de 1.000 personas puedan detener el desarrollo del país. Eso es inaceptable", comentó en un comunicado de su organización.

En 2007, un paro de los mismos estibadores en demanda de mejoras salariales duró 10 días, que supusieron pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares, y se resolvió tras una intervención directa del presidente Alan García.

-EFE