Evalúan ceder al Poder Judicial bienes embargados al narcotráfico

La Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) evalúa asignar al Poder Judicial, y de forma temporal, algunos inmuebles incautados a la corrupción o al narcotráfico, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura de ese poder del Estado, se informó.

María del Pilar Sosa, directora de ese organismo, indicó que esa posibilidad se coordina con la Gerencia General y la Gerencia de Finanzas del Poder Judicial, a efectos de establecer de qué manera se puede ceder algún predio que se sume a la logística del Poder Judicial.

“Estamos en conversaciones para ver cómo podemos mejorar, a través de la asignación temporal de algún tipo de inmueble, las necesidades logísticas (del Poder Judicial). Hay una serie de requisitos para determinar qué tipo de inmueble se puede acondicionar”, expresó.

Sosa recordó que la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), que administraba los bienes incautados al narcotráfico, asignó algunos locales al Poder Judicial en algunas zonas del país, y que, de la misma manera, se verá qué otras alternativas hay para apoyar a este poder estatal.

Ese poder del Estado tiene bajo su administración 916 inmuebles en el ámbito nacional, que acogen a los diferentes órganos jurisdiccionales, de los cuales sólo 286 son locales propios, y la diferencia corresponde a inmuebles alquilados o cedidos por otras entidades.

“Las incautaciones no son solo sobre edificios, sino también son departamentos, oficinas, que en algún momento servirán para alguna actividad pública y se rigen sobre las reglas de uso de la propiedad horizontal”, manifestó la titular de la Conabi en TV Perú.

El Poder Judicial oficializó en marzo pasado la declaratoria de emergencia inmobiliaria en esa institución, anunciada por su titular, Enrique Mendoza, ante la deficiencia de locales de todos los órganos jurisdiccionales y la tugurización de las instalaciones judiciales en todo el país.

Con ello se busca adoptar acciones para contrarrestar la problemática de infraestructura por la que atraviesan los órganos jurisdiccionales del país, la que deriva en dificultades de funcionalidad, manejo de documentación y desorden, que vuelven ineficiente la labor jurisdiccional.

Además, el Poder Judicial gasta en alquileres alrededor de siete millones y medio de soles anuales, sin incluir los costos de remodelación y habilitación de servicios, que son asumidos directamente por ese poder del Estado.

ANDINA