En el 2001 la peruana Karen Llantoy denunció que no se le permitió someterse al aborto terapéutico. Ella dio a luz a una niña anencefálica (carencia de cerebro y cráneo).
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó al Estado peruano indemnizar a Llantoy porque los médicos se negaron a practicarle el aborto terapéutico, pese a que llevaba en su vientre un feto anencefálico.
Según precisa Perú 21, la abogada Paula Escribens del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, (DEMUS) expuso este martes ante el mencionado comité de la ONU los argumentos por los cuales el Perú se resiste a cumplir con las recomendaciones emitidas en el 2005, como, por ejemplo, tomar medidas para que no se repitan casos similares.
La letrada sostuvo además que aproximadamente 100 mujeres mueren al año, ante la falta de servicios de aborto legal terapéutico. También recordó que cada año se producen 376.000 abortos clandestinos, siendo sus complicaciones la tercera causa de mortalidad materna.
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