Fiscalía formaliza acusación contra Fujimori [COLUMNA]

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La campaña electoral venía sufriendo por las restricciones impuestas por la pandemia y el clima de hostilidad promovido en el Congreso. La acusación formulada ayer contra Keiko Fujimori y otras 41 personas por el fiscal José Domingo Pérez constituye un nuevo factor de interferencia. El fiscal del equipo Lava Jato pide a la Justicia que se condene a 30 años de cárcel a la candidata de Fuerza Popular por pertenencia a organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la Justicia. La acusación contenida en un documento de 15,000 páginas pide también que se le prohíba mantener contacto con coacusados, testigos y peritos, así como con congresistas. Independientemente de lo que uno piense sobre la candidata del fujimorismo, es un hecho objetivo que la acusación fiscal anunciada a pocas semanas de las elecciones puede tener un impacto sobre el resultado de las mismas. Es cierto también que el caso de Keiko Fujimori no es el único, puesto que se investiga a otros dos candidatos presidenciales: Daniel Urresti por el asesinato de un periodista y Ollanta Humala por lavado de activos. También el expresidente Martín Vizcarra corre el riesgo de ser inhabilitado por el Congreso. Solo nos queda esperar que los procedimientos de juzgamiento y las eventuales sanciones respeten escrupulosamente las reglas del debido proceso y la imparcialidad de la Justicia. En caso contrario, puede sucedernos lo que acabamos de ver en Brasil: todas las condenas de Lula han sido anuladas por errores de procedimiento.

Otro factor de interferencia procede de la afirmación de la ex Canciller Elizabeth Astete, quien ha sostenido haber informado al presidente Sagasti de su intención de vacunarse irregularmente. Sagasti ha desmentido esa versión.

No sabemos cómo terminarán los procesos vinculados a Lava Jato y a otros casos graves de corrupción. Pero sí podemos aprender la lección de todo lo que hemos sabido sobre la conducta de presidentes, ministros y funcionarios. La lección nos obliga a prestar una atención redoblada a la trayectoria y los planes de los actuales candidatos para evitar que las cosas continúen como si no hubiera sucedido nada. Del voto que emitamos depende que nuestra República pueda ser enrumbada a cambios institucionales y garantías de honestidad. Cada uno juzgará quiénes son los que inspiran más confianza, los que no tienen conflicto de interés ni cosas que ocultar y los que tienen las ideas más claras. Lo seguro es que hemos avanzado muy poco en la reforma del Estado. La presidenta de SERVIR, Janeyri Boyer, ha declarado ayer que de los 700,000 servidores públicos apenas 645 se hallan bajo el régimen del servicio civil. ¡Menos de 0.1%¡ Los congresistas, encargados de hacer las leyes, son los primeros que se han mantenido al margen de la reforma. Y su mal ejemplo es seguido por la mayoría de entidades públicas en las que sigue imperando el rechazo a la meritocracia y la inercia frente a la burocracia, la opacidad y la corrupción.

El principal gremio empresarial del Perú, la CONFIEP, se ha dotado de una nueva directiva para el período 2021-2023. Oscar Caipo Ricci reemplazará en la presidencia a María Isabel León, mientras que Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca asumen las vicepresidencias. Esperemos que la renovación de los dirigentes empresariales les permita sintonizar con las nuevas demandas de la época incierta a la que entramos. Lo seguro es que las sociedades que progresan son aquellas en las que los empresarios logran adoptar consensos con los trabajadores y en las que no se vive en la oposición maniquea entre el sector privado y el Estado. Si lo logramos, los sufrimientos generados por la pandemia no habrán sido en vano.

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