Fujimori afrontará nuevo juicio a partir del 28 de setiembre próximo

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema iniciará el próximo 28 de setiembre el nuevo juicio oral al ex presidente Alberto Fujimori por los casos "Congresistas Tránsfugas", "Medios de Comunicación" e "Interceptación Telefónica".

En el caso "Interceptación Telefónica", el ex mandatario ha sido acusado por la Fiscalía Suprema de la presunta comisión de los delitos de peculado y cohecho activo en agravio del Estado.

Asimismo, por el delito de violación en el secreto de las comunicaciones en agravio de Javier Pérez de Cuéllar, Lourdes Flores, Ricardo Vega Llona, Cecilia Valenzuela, César Hildebrandt, Javier Diez Canseco, Luz Áurea Sáenz, Javier Valle Riestra, Enrique Zileri, entre otras personas.

Se le imputa a Fujimori haber dado su aprobación para que los organismos de inteligencia realicen prácticas de interceptación y escucha de conversaciones telefónicas, especialmente de quienes eran incómodos para el régimen, según la acusación fiscal.

En el caso "Medios de Comunicación", la denuncia señala que Fujimori, haciendo presuntamente mal uso de su alta jerarquía, desarrolló acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación con el propósito de conseguir su reelección y de mantenerse en el poder.

La denuncia en el caso "Congresistas Tránsfugas", señala que Fujimori dispuso una operación de reclutamiento de parlamentarios en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cambio de millonarias sumas de dinero.

Prueba de este "reclutamiento" es el "vladivideo" que salió a la luz el 14 de setiembre de 2000, en el cual aparece el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando dinero al entonces congresista Alberto Kouri para apoyar el régimen de Fujimori.

La Fiscalía Suprema ha solicitado 8 años de cárcel para Fujimori y el pago de cinco millones de nuevos soles a favor del Estado y otros tres millones a favor de las personas agraviadas por estos casos.

Asimismo, solicitó que el ex presidente sea inhabilitado hasta por tres años para ejercer función pública, por haber violado la intimidad personal.