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por Oswaldo Palacios
·De acuerdo con una investigación periodística, el dueño de la compañía JM Constructores Peruanos SAC —que forma parte del consorcio ganador de la licitación pública— figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú.
Una investigación periodística denunció que una nueva obra —un hospital en Virú valorizado en más de 194 millones de soles —, en la región de La Libertad, cuyo gobernador es César Acuña Peralta (del partido derechista Alianza para el Progreso), fue adjudicada a un empresario sin experiencia en infraestructura. El contrato fue firmado el pasado 8 de julio.
Según el programa Cuarto Poder, el proyecto está a cargo del Consorcio Hospital Virú, conformado por tres empresas: JM Constructores Peruanos SAC, cuyo propietario, el ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, y cuya empresa no registra experiencia previa en la construcción de hospitales ni en obras públicas de gran envergadura; LC&EC Constructora —de la cuestionada joven empresaria Lucero Coca Condori, de 23 años, quien, según se conoció la semana pasada, logró ganar contratos por 300 millones de soles en el Gobierno Regional de la Libertad— y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú.
¿"Corrupción" y "gerentes testaferros"?
El reportaje enfatizó que ni Yangari ni Coca tienen experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos, mecánica de suelos y la elaboración de planos y memoria descriptivas por montos que no superaban los S/34 000.
Yangari Cartolín posee el 49 % del consorcio ganador, mientras que el 50 % restante pertenece a LC&EC Constructora, de Lucero Coca. El 1% restante pertenece a Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria, una firma, apuntó el dominical, con trayectoria, cuya participación fue clave para acreditar los requisitos técnicos exigidos por el proceso de licitación.
"Para mí está claro que estas obras millonarias adjudicadas a ciudadanos que no tienen experiencia se deben a dos cosas: corrupción, por un lado, y gerentes testaferros, por otro. Están utilizando a personas [sin experiencia] para hacerse de estas obras en perjuicio de los liberteños", dijo el consejero regional Robert de la Cruz.
El especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, expresó su preocupación por esta presunta irregularidad, ya que este “patrón” se observa en otros procesos: empresas sin experiencia que se asocian con compañías extranjeras con trayectoria solo para cumplir los requisitos mínimos.
"Alianza para el Progreso es el pulpo de la política"
En el proceso de licitación, que contó con la participación de 55 postores, solo dos consorcios llegaron a la etapa final. Uno de ellos, el Consorcio Brontes, fue descalificado por no consignar correctamente la información del representante común, un error que, según Trelles, podía corregirse. “Ambas empresas tenían observaciones similares. Mientras al Consorcio Hospital Virú se le permitió subsanar dos veces, al otro se le excluyó sin opción”, sostuvo.
Robert de la Cruz denunció amenazas de muerte contra aquellos que ponen de relieve supuestos actos de corrupción en la gestión de César Acuña. “Las amenazas de muerte y las agresiones físicas provienen de funcionarios de APP. Responsabilizó de lo que me pueda pasar de aquí en adelante al partido Alianza para el Progreso”, arguyó. Y añadió: “Alianza para el Progreso es el pulpo de la política de la región de La Libertad”.
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