Homenaje a una fiscalizadora de la ATU [COLUMNA]

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La Autoridad de Transporte Urbano, ATU, es una entidad pública destinada a cambiar duraderamente la realidad física y mental del espacio metropolitano. La reforma educativa, la laboral y la judicial tienen mayor relevancia conceptual, pero la reforma del transporte es la que tendrá más impacto en la conciencia de los niños y los jóvenes, que no tienen por qué resignarse a la ley de la selva que impera en nuestras ciudades. Más que a partir de los discursos de los padres, los niños se integran a la sociedad y forjan sus valores en función de lo que observan en la realidad. Y lo que observan en las calles es la anarquía, el abuso y la puesta en riesgo de la vida.

La desregulación del transporte nos ha conducido a ser el país más rezagado de la región en la marcha hacia ciudades que garanticen la seguridad, la armonía y la salud de sus habitantes. A ese objetivo se opone un sistema que permite que los conductores carezcan de salario y ganen en función del número de pasajeros que logran hacer entrar a sus vehículos. La fiscalizadora de la ATU que fue arrollada por un chofer sin brevete en El Agustino no es sino la última víctima del laxismo que ha permitido que miles de coaster y microbuses sigan siendo conducidos por choferes que acumulan las multas, que las evaden violando el semáforo rojo, aterrorizando a ciclistas y peatones, y dándose a la fuga. La Corte de Lima Este debe dar muestras de severidad si no quiere ser cómplice de las fuerzas de la barbarie. No es aceptable la indulgencia con la que ha tratado al chofer que hirió gravemente a una joven fiscalizadora, Jackelin Rosales, en su intento de burlar a la autoridad.

La Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, ha dado ocasión a importantes intervenciones de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y del secretario técnico del grupo encargado de implementar la vacuna, Carlos Neuhaus. La ministra ha afirmado por primera vez que estamos ante una segunda ola de la pandemia, como evidencia el agravamiento de las cifras epidemiológicas y la saturación de la infraestructura hospitalaria. El día de hoy se publicará un Decreto de Urgencia anunciando nuevas restricciones para controlar la difusión del contagio. En espera de la llegada de las primeras dosis de la vacuna china, no hay alternativa al respeto de normas sanitarias que exigen nuestra disciplina. Carlos Neuhaus anunció que la empresa privada colaborará con la creación de una plataforma georreferenciada que permitirá monitorear la aplicación voluntaria de la vacuna en ocho mil localidades de nuestro país. Se comenzará con trabajadores de la salud, efectivos de la Policía y la Fuerza Armada y miembros de las mesas electorales.

En estas circunstancias de incertidumbre, el ministerio de Educación diseña lo que será a partir de marzo próximo el año escolar 2021. El criterio adoptado es evaluar la tasa de contagio en cada distrito, el estado de los servicios básicos y solicitar el acuerdo de los padres de familia para introducir clases presenciales. El caso de Lima merecerá un régimen particular porque numerosos escolares se hallan obligados a hacer grandes desplazamientos para llegar desde sus domicilios a sus locales escolares. El aforo de las aulas será limitado a 40% y se velará por la ventilación y los instrumentos de aseo. Sin embargo, el talón de Aquiles de nuestro sistema escolar puede ser la carencia del más elemental de los recursos sanitarios: el agua potable. 42% de las escuelas requieren una sustitución total de su infraestructura.

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