HRW concluye en informe que el Congreso "con anuencia" de Dina Boluarte ha debilitado la lucha contra el crimen

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para América Latina, presentó en RPP el último informe de esta organización no gubernamental sin fines de lucro respecto de las acciones del Congreso de la República y el Gobierno de Dina Boluarte que han debilitado la lucha contra el crimen organizado.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, Goebertus indicó que el informe titulado ‘Legislar para la impunidad’, concluye que las políticas aprobadas por el Legislativo con permisividad de Boluarte, las cuales perjudican la labor de los actores del sistema de justicia.

“El informe concluye que las medidas tomadas por el Congreso con la anuencia del Gobierno de la presidenta Boluarte han debilitado la capacidad del Estado peruano para luchar contra la criminalidad”, dijo la directora de Human Rights Watch.  

Señaló que para la elaboración de este documento se realizó trabajo de campo en nuestro país por un año y se entrevistó a 125 personas, entre jueces, fiscales, policías, defensores de derechos humanos y ciudadanos que están involucrados en la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, Human Rights Watch analizó 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y por el Ejecutivo desde que Boluarte asumió la Presidencia en diciembre de 2022.

Normas analizadas

Entre algunas de las normas que analizaron para la elaboración del informe, Goebertus destacó que el Legislativo aprobara acortar el plazo para la prescripción de la acción penal. Según dijo, esto perjudica la capacidad de Fiscalía para recolectar evidencia.

También se refirió a la reducción de los plazos para la corroboración de la colaboración eficaz, norma que consideró dificulta el proceso para que los fiscales puedan obtener información que lleve a desarticular una organización criminal.

“Cuando dificulto ese proceso, cuando hago más difícil la colaboración eficaz, pues lo que hago es que el fiscal del caso tiene que quedarse únicamente con aquel que puede perseguir y no puede usar esa evidencia para seguir en el escalón para desarticular una red criminal”, dijo.

De igual forma, la directora de Human Rights Watch señaló que el Congreso quitó el elemento de sorpresa a los allanamientos que se realizan a los investigados, al requerir que haya un abogado presente al momento de dicha diligencia. Según precisó, ello no es necesario y solo se debería contar con una orden judicial como ocurre en otros países de la región.

Te recomendamos

Congreso

Comisión de Energía y Minas rechazó el predictamen sobre la Ley MAPE

Actualidad

La explicación de Dina Boluarte sobre aumento de su sueldo: “Estamos cumpliendo con el programa Servir”