Informalidad y tercerización, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Uno de los problemas sociales más graves de nuestro país es la informalidad laboral. Resulta inaceptable que más de 70% de los trabajadores peruanos carezcan de derechos sociales y de estabilidad, más de cien años después de las leyes impulsadas por el presidente José Pardo bajo la inspiración del gran abogado laboralista Matías Manzanilla. El Perú vivió en el siglo XXI un largo período de crecimiento pero no de desarrollo, porque precisamente ningún gobierno atinó a complementar las cifras del crecimiento con institucionalidad y reducción de la desigualdad. Es cierto que los gobernantes suelen preferir la inercia para evitar un campo de extrema susceptibilidad política en el que nunca se podrá satisfacer a las partes concernidas. Los grandes gobernantes son los que hallan una salida a un problema persistente y estructural que perjudica a todos, pero que nadie se atreve a enfrentar.

La ministra de Trabajo ha creído oportuno modificar a través de un Decreto Supremo los términos legales de la llamada “tercerización”, es decir el recurso por el que una empresa encarga a otra la contratación de trabajadores que no participan en el “núcleo” de su actividad productiva. Es así como se suele tercerizar servicios de vigilancia, limpieza y transporte. La nueva norma no cuenta con el respaldo técnico del ministerio de Economía y no ha sido discutida en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Peor aún, el gobierno optó por no presentar un proyecto de ley, que hubiera dado lugar a un debate democrático en el Congreso. Algunos especialistas consideran que el Decreto Supremo va a causar que muchas empresas prefieran la informalidad. El ministerio sostiene que una norma de rango inferior como un Decreto Supremo no modifica la ley vigente sino solo su reglamento. ¡Vaya, vaya! El “gobierno del pueblo” recurre ahora a un subterfugio abogadil.

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