Conflictos e instituciones [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El discurso apaciguador de Sebastián Piñera no ha logrado poner término a las manifestaciones en Chile, de la misma manera que el anuncio de una auditoría electoral de la OEA en Bolivia no ha dado garantías a quienes denuncian la voluntad de fraude de Evo Morales. En el caso chileno, el inesperado estallido social ha causado la muerte de 18 personas, poniendo en evidencia que no basta el crecimiento económico para garantizar la credibilidad de las instituciones.

La violencia es siempre repudiable y la destrucción de infraestructuras perjudica sobre todo a los más pobres, comenzando por los millones de usuarios del metro de Santiago. Esperemos que las medidas sociales adoptadas por el gobierno (salarios, pensiones, educación, salud) contribuyan a forjar una agenda común que satisfaga las expectativas acumuladas, según Piñera, a lo largo de décadas.

La racionalidad de un plan integral puede aislar a quienes aprovechan del descontento para saquear, destruir y poner en riesgo la vida de los demás. En Bolivia el detonante es menos circunstancial, puesto que se trata de la violación del acto que define la democracia: elegir de manera limpia y transparente a las autoridades. Evo Morales no ha dado aún señales de comprender lo que parece evidente: al cabo de 13 años de poder con débiles contrapesos, los ciudadanos merecen resultados claros e inapelables. Y eso, en las circunstancias actuales, solo puede ser garantizado por una segunda vuelta electoral.

Avances en la ATU

Madurar como sociedad significa crear y consolidar instituciones. Hoy por ejemplo entra en funciones la muy esperada Autoridad de Transporte Urbano, ATU. Bajo el liderazgo de la experimentada María Jara, la nueva entidad unifica servicios que antes se hallaban dispersos en las municipalidades de Lima y Callao. El objetivo es racionalizar el transporte público, para ofrecer un servicio que sirva de alternativa a una pésima práctica social: auto privado para algunos, pésimo transporte público para la mayoría.

Por eso es una buena noticia que María Jara haya reiterado el objetivo de retirar las combis en un año y medio. El plan prevé que circulen solo buses de mayor tamaño, menos contaminantes y conducidos por choferes asalariados que no estén sometidos a llamada “guerra del centavo”. Si la ATU refuerza el funcionamiento de los corredores viales y aumenta la flota de buses, podremos también prescindir de los colectivos ilegales que han  pululado durante los últimos años.

Candidatos a la JNJ

Otra institución esencial que avanza hacia su nacimiento es la Junta Nacional de Justicia. Un total de 146 inscritos se disputarán los 7 puestos de titulares y 7 de suplentes. El examen teórico tendrá lugar el  3 de noviembre. Esta vez no se tratará de preguntas sobre todos los campos del derecho, sino de análisis de casos judiciales lo que no solo requiere conocimientos, sino también criterio. Los elegidos juramentarán el 6 de enero y desde entonces podrán sancionar y nombrar jueces y fiscales. Lo que cada día constatamos que es urgente.

Desde las 9 de la mañana tendrá lugar hoy la audiencia en la que el Juez Jorge Chávez Tamariz escuchará a las partes concernidas por el pedido fiscal de prisión preventiva para 16 abogados que oficiaron como árbitros en procesos relativos a obras de Odebrecht. La fiscalía sostiene que esos árbitros actuaron sin imparcialidad porque recibieron coimas de la empresa brasileña. El juez tendrá que evaluar si los indicios son sólidos, los testimonios convincentes y los riesgos de obstrucción a la justicia probados. Sólo si se reúnen esas condiciones se justifica la privación de libertad durante 36 meses a personas que no han sido juzgadas.

Las cosas como son