La procuradora Anticorrupción, Susan Rivera Vila, señaló que en los últimos dos años, un 70% de funcionarios que son intervenidos en flagrancia deciden acogerse a la terminación anticipada debido a que las penas por corrupción son más severas y los pagos por reparación civil son bastante elevados.
Asimismo, indicó que los delitos más frecuentes son cohecho, peculado, colusión, tráfico de influencias y malversación de fondos, delitos que se registran principalmente en gestiones municipales, seguido de la Policía Nacional, ministerios y otras entidades del ámbito público.
Por otra parte, manifestó que en la actualidad las personas tienen mayor conciencia para denunciar los casos de corrupción, porque las entidades competentes brindan protección a los denunciantes.
Finalmente, indicó que los casos de corrupción en la Policía Nacional se han reducido, además se observa que los funcionarios públicos se preocupan por no caer en los mismos errores, por temor a perder su libertad.
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