Dos personas murieron esta semana tras contratar a una empresa ilegal que ofrecía la práctica de un deporte de aventura en Cusco.
La falta de control de la informalidad sigue poniendo en peligro la vida de los turistas. El reciente accidente en el Cusco, donde dos personas murieron tras la práctica de un deporte de aventura como parte de un servicio turístico ofrecido por una empresa ilegal, ha evidenciado una vez más esta gravísima problemática tanto en el destino turístico más visitado del Perú como en el resto del país.
Las direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo de los gobiernos regionales son las encargadas de fiscalizar la prestación del servicio de turismo, según el decreto supremo 005-2016 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Al respecto, Rosendo Baca, director regional de Turismo del Cusco asegura dice que no tienen suficiente personal para cumplir esta labor y detectar empresas informales.
Sin embargo, Isabel Mendoza, representante del Mincetur, señaló que esta carencia en las regiones puede suplirse con la colaboración de otros organismos. “Es una tarea que debe ser compartida con los gobiernos locales, con Indecopi, con los propios gremios del sector Turismo”, declaró a RPP Noticias.
Más casos
Los accidentes en servicios turísticos no se limitan a los deportes de aventura. En julio del año pasado, diez personas murieron tras la volcadura de un bus que las llevaba al cerro San Cristóbal, en Lima, donde 10 personas fallecieron tras la volcadura de un bus turístico. Esta empresa tampoco cumplía con los estándares requeridos. Las municipalidad del Rímac y de Lima se responsabilizaron entre sí y varios meses después, las vías que llevan al lugar aún no se refuerzan.
Otro caso reciente es el de un padre y un hijo que murieron ahogados en enero de este año cuando realizaban canotaje, otro deporte de aventura, en Lunahuaná, distrito de la provincia de limeña de Cañete. Según testigos, el primero cayó al río y el segundo se lanzó para intentar salvarlo. La Fiscalía investiga el caso. De vuelta en Cusco, un padre y un hijo resultaron heridos este jueves cuando manejaban un cuatrimoto en este mismo distrito.
Hace tres meses, la turista española-ecuatoriana Nathaly Salazar desapareció en la Ciudad Imperial. Por el caso se detuvo a dos hombres que aseguraron que la joven murió cuando practicaba el deporte de aventura conocido como canopy o zip line y que su cadáver fue lanzado al río Vilcanota. El cuerpo, sin embargo, hasta ahora no ha sido hallado. Tanto en este caso como en el de esta semana, las empresas funcionaban sin cumplir las normas de seguridad.
Diagnósticos
Para Carlos Díaz, presidente de la Asociación Peruana de Turismo y Ecoturismo, un gran inconveniente de la fiscalización es que los inspectores en las regiones no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para cumplir esta labor. “No tienen la suficiente capacidad, el suficiente entrenamiento o conocimiento o formación como para enfrentar la fiscalización de actividades tan especializadas como canotaje, como canopy, zip-line o tirolesa”.
El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el oficialista Moises Guía, indica que al decreto vigente, se debe agregar normas complementarias especializadas que establezcan cómo se deben montar estos servicios de turismo y de esta forma facilitar las labores de fiscalización. “Si no tienes una reglamentación, una legislación y unas normas que establecen cómo, dónde y qué debe funcionar en estos deportes de aventura, entonces poco o nada se va a hacer cuando tengamos más inspectores”, dijo a RPP Noticias.
Mientras las autoridades no cumplan con su rol, más turistas seguirán exponiendo sus vidas por la falta de control de estas empresas, que trabajan al margen de la ley y se involucran en delitos como estafa, evasión tributaria y, el más grave, exposición de personas al peligro.
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