Las comunidades afectadas por el derrame de petróleo, ocurrido hace más de una semana en Loreto, exigen la presencia del presidente Pedro Castillo o de un integrante del Consejo de Ministros para ver en la zona la gravedad de la emergencia ambiental. Más de 16 embarcaciones permanecen varadas en el río Marañón.
Los familiares de los pasajeros de las 16 embarcaciones que permanecen varadas en el río Marañón a la altura de la comunidad de Cuninico en el distrito de Urarinas de la provincia y región Loreto, por las protestas contra el derrame de petróleo ocurrido en la zona, se encuentran preocupados porque llevan más de una semana sin avanzar hacia sus destinos y con el riesgo de quedarse sin suminitros.
Wilmer Silvano Reátegui, padre de una pasajera cuyo barco zarpó el último jueves, dijo a RPP Noticias que las embarcaciones no se encuentran retenidas, pues los nativos invitan a los navìos a volver hacía Yurimaguas o Iquitos, destinos conectados por esta vía fluvial. Indicó que, según información de su hija, los tripulantes procuran gestionar el pase de sus embarcaciones con los apus de las comunidades.
Sin embargo, Miguel Estrada Ahuite, capitán de la motonave Eduardo IV, informó que ayer lunes se agotaron los suministros que llevaron para alimentar a su tripulación y pasajeros, una situación que también viven otras embarcaciones.
De acuerdo con Galo Vásquez, representante del pueblo de Cuninico, los barcos no están secuestrados, solo impedidos de continuar su ruta; es decir podrían retornar a su punto de partida sin inconvenientes.
El dirigente señaló que la medida se mantendra hasta que se atienda su pedido de que el presidente Pedro Castillo o representantes de del Consejo de Ministros llegen a la zona para conocer la gravedad de la contaminación.
Estado de emergencia en Cuninico
La noche del último sábado, el gobierno decretó el estado de emergencia ambiental en el territorio de las comunidades nativas de Urarinas y Cuninico, que se ubican en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto.
La medida tendrá como plazo 90 días e incluirá un "Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo" para la atención de la emergencia ambiental en el area comprendida desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón, en la margen izquierda.
Según señala el decreto ministerial, la medida responde al informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que indica que, a partir del derrame de crudo del pasado 16 de setiembre, se ha evidenciado que "se ha afectado 848 400 m2 de cuerpo de agua, que comprende: 33 600 m2 del canal de flotación, 600 m2 de una quebrada sin nombre, 154 200 m2 de la quebrada Cuninico y 660 000 m2 de la margen izquierda del río Marañón"
Asimismo, se indica que la precipitación del petróleo "se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal", por lo que representa un "impacto significativo sobre el ecosistema fluvial amazónico, así como de alto riesgo para la salud pública".
Ante ello, la declaratoria de emergencia ambiental implicará "garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, realizando los correspondientes trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la población".
Defensoría pide a comunidades levantar medida de fuerza
El último sábado, la Defensoría del Pueblo solicitó a las comunidades afectadas en Uraninas levantar la medida de fuerza y restablecer el diálogo con las autoridades del Ejecutivo y el Gobierno Regional de Loreto a fin de llegar a soluciones viables frente a la situación.
"Hacemos un llamado a los apus de las comunidades de Cuninico, San Antonio, Seis de Mayo, Santa Teresa, Nueva Esperanza, San Francisco, Monterrico, Nueva Santa Rosa y de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM) a que depongan su medida de fuerza y a colaborar con las instituciones competentes para que se continúe con las acciones de contención y limpieza ambiental, así como con la provisión de ayuda humanitaria", refirió la Defensoría.
Además, la institución exhortó a la Fiscalía a "realizar una exhaustiva investigación" para dar con los responsables del corte en la tubería en el Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP).
"Éste y los anteriores atentados a la propiedad pública no pueden quedar impunes. El OEFA informó que, desde el 2011 a la fecha, 27 de un total de 32 derrames de petróleo habrían sido causados por cortes intencionales", indicó la Defensoría.
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