El tema minero ambiental de Cañaris no será abordado más por la mesa de trabajo que impulsa la Presidencia del Consejo de Ministros hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronuncie  sobre la medida cautelar que presentó la comunidad San Juan Bautista solicitando se respete la autonomía de dicha localidad andina como pueblo indígena y no se imponga la actividad minera.

Este punto fue el principal acuerdo al término de la sexta sesión del mencionado grupo, desarrollada  por más de tres horas en el distrito de Salas (región Lambayeque) con la participación de representantes del gobierno, comunidad San Juan Bautista, gobierno regional, entre otros sectores.

El presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo manifestó que el informe que debió exponer hoy la comisión del Ejecutivo sobre la validez de las consultas populares del 8 de julio y 30 de septiembre, no se realizó y quedó descartado, tras el pacto establecido.

“En adelante estaremos orientados a abordar los proyectos de desarrollo para Cañaris, Incahuasi y Salas. No se va a tocar la validez o no de la consulta popular del 30 de septiembre (rechaza la presencia minera). Vamos a esperar y respetar el fallo del Órgano Supranacional”, expresó Fernando Castillo.

Por su parte, Wilfredo Chero Villegas, asesor legal de los comuneros mostró su satisfacción, porque según refiere hicieron retroceder al Gobierno ante el intento de imposición de Candente Copper.

“Es un buen avance, estamos haciendo retroceder al Gobierno (…) Una mesa de trabajo no podía resolver un conflicto de magnitud. Vamos a continuar asistiendo a las reuniones y a demostrar que Cañaris es una comunidad indígena a la que no se le debe imponer la minería”, precisó.

La próxima sesión fue programada para el 19 de julio, en el centro poblado Chiñama de Cañaris.

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