ONU pide a Perú evaluar cierre de penales de Yanamayo y Challapalca

El Comité de la ONU contra la Tortura pidió hoy al Gobierno peruano "considerar el cierre de las prisiones de Challapalca y de Yanamayo", tras expresar su inquietud por las condiciones de detención en estos centros, ubicados en zonas remotas y de gran altitud.

Al concluir su último periodo de sesiones del año, el comité -integrado por expertos independientes en derechos humanos- emitió sus conclusiones finales sobre los países que le presentaron sus informes acerca de la manera en que aplican la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En su documento sobre Perú, el órgano de la ONU declara preocupantes las condiciones de los centros penitenciarios, donde la tasa de hacinamiento es del 114 por ciento, en infraestructuras que, además, están deterioradas, con pésimas condiciones de saneamiento y con problemas alimentarios y, en ciertos casos, con bajas temperaturas.

Según el informe del comité, sólo existen 54 médicos para atender a toda la población carcelaria peruana.

Asimismo, los expertos apuntan su inquietud por la prisión de alta seguridad que está dentro de la Base Naval del Callao (provincia colindante con la capital, Lima), donde persisten condiciones de aislamiento prolongado, aislamiento sensorial, prohibición de comunicarse y una visita familiar de apenas media hora por mes.

En ese centro de detención están presos Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala; Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial durante el régimen de Alberto Fujimori; así como exlíderes terroristas.

El equipo de la ONU hace mención de las denuncias sobre el uso "excesivo y desproporcionado" de la fuerza, incluso con armas de fuego, por parte de las fuerzas militares y policiales durante protestas sociales.

También denuncia el arresto de defensores de los derechos humanos, abogados y campesinos durante esos eventos.

A ese respecto, sostuvo que, hasta el momento, "no hubo condenas por los incidentes en Bagua, Celendín y Bambamarca".

En otro pasaje de sus conclusiones finales sobre Perú, el comité expresa su "grave" preocupación por la lentitud en el proceso de rendición de cuentas por los 70.000 muertos o casos de desapariciones forzadas que dejó el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000, así como por el "pequeño número de condenas y la elevada proporción de absoluciones".

Más concretamente, critica la "ausencia de una cooperación total por parte del Ministerio de Defensa en la transmisión de información relevante para las investigaciones, incluidas las listas de oficiales presentes en patrullas o en bases militares en distintas regiones afectadas por ese conflicto.

Además de esas identificaciones, esa información debería incluir los "alias" o nombres codificados utilizados frecuentemente por miembros de las fuerzas armadas, agrega.

En este ámbito, le recomienda al Instituto de Medicina Legal que refuerce sus equipos forenses para acelerar la exhumación y análisis de restos humanos, su identificación y su entrega a familiares.

Sobre las víctimas y testigos, sostiene que "deben ser protegidas y se les debe dar suficiente apoyo financiero dentro del programa de protección de testigos".

En otro ámbito, el comité se refiere a los abortos ilegales y sostiene que "son una de las principales causas del alto índice de mortalidad materna" en Perú.

El comité considera "muy restrictiva" y "carente de claridad" la interpretación del aborto legal y terapéutico en casos de necesidad médica, razón por la que las mujeres buscan abortos ilegales e inseguros.

Otro aspecto de preocupación tiene que ver con la "criminalización" de los abortos en casos de violación e incesto, así como la prohibición por el Tribunal Constitucional de distribución contraceptivos orales de emergencia a las víctimas de abuso sexual, según el comité. EFE