La exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, Ximena Pinto, acusó al premier Aníbal Torres de utilizar la publicidad estatal con fines políticos. Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro explicó cuáles son las faltas que habría cometido el jefe del Gabinete Ministerial de comprobarse dicha acusación.
Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, acusó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de direccionar la publicidad estatal con fines políticos. En diálogo con RPP, el abogado penalista Carlos Caro indicó que de comprobarse esta acusación, el premier habría cometido tres delitos. "Un acto de esta naturaleza implica, en inicio, un acto de discriminación y, como sabemos, la discriminación es un delito conforme al artículo 323 del Código Penal. Por otro lado, nos pone también en el contexto de un delito como el de peculado, que es el uso de recursos públicos con fines privados", explicó.
"Lo tercero es que si estamos hablando de contratación pública, también implicaría eventualmente un caso de colusión porque si se elige al medio no por su neutralidad, sino por ser leal al gobierno o cercano al pensamiento del gobierno, puede haber ese direccionamiento", agregó.
Carlos Caro señaló, además, que la Contraloría tiene competencia para intervenir en el caso, dado que este compromete el uso de recursos públicos. "La publicidad estatal no se puede utilizar como un mecanismo de fidelización política de los medios de comunicación", puntualizó el abogado penalista.
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