Ley Universitaria: Rectores "rebeldes" no dejarán los cargos

Mediante un comunicado, la Asociación de Universidades del Perú indica que “las autoridades harán respetar el período para el cual fueron elegidos democráticamente”.
El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo. | Fuente: Andina

La Asociación de Universidades del Perú (Asup) acordó que este jueves 31 de diciembre no cesarán a sus autoridades.

De esta forma, los rectores responden a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que ha informado que denunciará penalmente a unas 100 autoridades que se niegan a dejar los cargos como lo establece la Ley Universitaria.

“Las autoridades harán respetar el período para el cual fueron elegidos democráticamente y seguirán el proceso de adecuación a la Ley Universitaria”, aseguran mediante un comunicado.

En la misiva, la Asup señala que “se mantiene firme y unida en la decisión de la defensa de su autonomía, por lo que no cesarán a sus autoridades este 31 de diciembre amparados en la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, indica que el Ministerio de Educación usa como pretexto la llamada "Reforma Educativa" para "intervenir de la manera más abusiva a las universidades del país".

"Las universidades del Perú exigen respeto al Estado de Derecho, que el Gobierno a través del Ministerio de Educación está infringiendo a todas luces", apunta Ada Gallegos, directora Ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú.

Como se sabe, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez Sánchez, ha referido que presentará denuncias contra las universidades nacionales de Trujillo, San Luis Gonzaga de Ica, Federico Villarreal, Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta y Mayor de San Marcos por usurpación de funciones y desacato a la autoridad.

Cabe indicar que el extitular de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora Zevallos, sostuvo a través de su cuenta personal de Twitter que la decisión de la Asociación de Universidades del Perú representa un “desafío al Estado de Derecho” y un “claro desacato de las leyes peruanas”.

 

 

 

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