Religioso McAuley podrá permanecer en Perú hasta resolverse amparo

El religioso británico Paul McAuley, que recibió la orden de expulsión de Perú por participar en protestas en la selva, podrá permanecer en el país hasta que se resuelva un recurso de amparo que hoy admitió un juzgado provincial peruano.

En declaraciones a Efe, una de las abogadas del religioso Rita Ruck precisó que el primer juzgado civil de la provincia de Maynas, en la región selvática de Loreto, admitió la acción de amparo presentada y ordenó que se suspenda de manera cautelar la orden ministerial de expulsión que vencía hoy.

El pasado 1 de julio, el religioso de la orden de La Salle, que preside la Asociación "Red Ambiental Loretana" desde 2006, recibió la comunicación del Ministerio del Interior, que cancelaba su residencia "por realizar actos contra el orden público interior" y le ordenaba abandonar el país en un plazo máximo de siete días.

Los abogados de McAuley interpusieron un recurso de amparo basado en que el ambientalista no había sido notificado válidamente ni tampoco había tenido derecho a la defensa y al debido proceso.

También han presentado un recurso de "hábeas corpus", con el fin de que McAuley pueda transitar libremente por el país sin ser detenido, aunque habrá que esperar aún unos días hasta que se resuelva, señaló Ruck.

Agregó que la decisión judicial conocida hoy sobre el amparo puede ser apelada, pero si finalmente se declara consentida, tendrá carácter indefinido.

Según la abogada, los jueces de la zona "conocen la realidad de Loreto", donde el activista había puntualizado que se dedicaba a vigilar el uso de los recursos naturales y sobre todo los derechos de las comunidades indígenas de la selva peruana.

Entre sus actividades, el británico presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, manifestó el pasado lunes que no se iba a dar "marcha atrás" en la decisión de expulsar al religioso, aunque garantizó el debido proceso en caso de apelación.

"Los extranjeros no pueden participar en las actividades políticas" ni alentar "protestas encubiertas bajo el manto de una supuesta defensa del medio ambiente", subrayó Velásquez.

La decisión del Gobierno ha sido rechazada por instituciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, mientras que en la ciudad de Iquitos cientos de personas salieron durante esta semana a las calles en apoyo de McAuley. EFE