Reporteros Sin Fronteras pide a Perú garantías para periodistas

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) urgió hoy a las autoridades peruanas a ofrecer garantías al libre desempeño del trabajo periodístico, tras el asesinato este miércoles de Pedro Alfonso Flores Silva, de 36 años, director de un programa de la cadena Canal 6 en la ciudad de Casma (noroeste).

El periodista, que desde hacía tres meses "era blanco regular de amenazas", investigaba supuestos actos de corrupción que implicaban al alcalde de la localidad Comandante Noel, Marco Rivera Huerta, y murió tiroteado por asesinos encapuchados, explicó RSF.

Al periodista le dispararon cuando se encontraba cerca de su domicilio, y falleció al día siguiente debido a las heridas que le produjeron las balas en el colon y en el hígado.

RSF subrayó que Alfonso Flores Silva es el segundo profesional de los medios asesinado en Perú en lo que va de año y que su caso "en muchos aspectos" presenta los mismos antecedentes que el de Julio Castillo Narváez, ocurrido el 3 de mayo pasado.

Ambos atentados tuvieron lugar en el norte del país, contra periodistas que trabajaban sobre "los mismos temas delicados" y que habían recibido "el mismo tipo de amenazas".

Finalmente, para ambos homicidios se planeta "el mismo móvil: político, mencionado a priori", resaltó.

RSF lamentó el escaso avance de la investigación del primer asesinato, durante la que sólo se han registrado "dos arrestos", y denunció "el fuerte grado de impunidad en Perú cuando se trata de crímenes cometidos contra periodistas que cuestionan, de cerca o de lejos, a políticos, magistrados o policías".

La organización urgió al Gobierno peruano a ofrecer "garantías sólidas contra la impunidad y a favor del ejercicio del derecho de informar".

Sugirió, al respecto, que sería "una muestra importante" despenalizar los delitos de prensa y liberar sin demora a Paul Garay Ramírez, director de un programa del canal Visión 47 TV y corresponsal de la estación de radio "La Exitosa", condenado el pasado 19 de abril por "difamación" de un fiscal a tres años de prisión, posteriormente reducidos a la mitad.

EFE