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“Solidaridad y no egoísmo” [COLUMNA]

| Fuente: Andina

En un país con una tendencia constante a la querella y la división, necesitamos contar con jueces constitucionales que sean irreprochables y cuyas sentencias constituyan un zócalo común de legalidad y de institucionalidad.

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El presidente Vizcarra dio a conocer que hoy sesionará el comité coordinador ampliado del Acuerdo Nacional, encargado de materializar el Pacto Perú. Vizcarra recordó que en su discurso del 28 de julio propuso la forja de un consenso nacional sobre cinco puntos y ahora destaca la importancia del sistema público de jubilaciones. La propuesta del Jefe de Estado se produce mientras la mayoría de congresistas parece dispuesta a aprobar por insistencia la ley que permite el retiro de fondos de la ONP, pese a que el Ejecutivo observó la ley y se propone presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Vizcarra enfatizó la necesidad de asegurar una pensión digna a los jubilados y por eso pidió “unidad y responsabilidad… Se necesita responsabilidad y no imprudencia, colaboración y no enfrentamientos, solidaridad y no egoísmo”, concluyó. Por su parte, la ministra de Economía pidió en el Congreso que los legisladores den muestras de “prudencia fiscal” para evitar que se agrave la contracción económica y que el Estado se vea impedido de actuar con eficacia para hacer frente a la pandemia, el desempleo y el empobrecimiento.

El Defensor del Pueblo ha dirigido una carta abierta al presidente de la República en la que constata que cinco meses después de la proclamación del estado de emergencia “nos encontramos en el momento más crítico de la pandemia… y ante el incremento acelerado del número de personas contagiadas… que han colocado al Perú como uno de los países con peores resultados en la lucha contra la COVID-19”. Walter Gutiérrez cuestiona la “clara deficiencia en la capacidad de gestión del Estado… a la que se suma la opacidad en el manejo de los portales de transparencia de la administración estatal”.

La carta critica también que algunas restricciones de derechos como la cuarentena total los días domingo se hayan realizado sin una debida motivación. El Defensor del Pueblo explicará esta mañana en Ampliación de Noticias su propuesta de “apelar al tejido social del país conformado por distintas organizaciones sociales que, en muchos casos, anteceden a los gobiernos locales y regionales”.

Mientras tanto el Congreso pierde tiempo en la renovación de otra institución fundamental de nuestra democracia: el Tribunal Constitucional. La comisión encargada de proponer a seis nuevos tribunos no fue ni siquiera capaz de contar con el quorum necesario para elegir su propia directiva. El congresista José Vega, de UPP, insiste en proponer a José Luna, pese a los cuestionamientos que pesan sobre él y sus intereses manifiestos, en particular en relación a universidades que no fueron licenciadas por la SUNEDU.

En un país con una tendencia constante a la querella y la división, necesitamos contar con jueces constitucionales que sean irreprochables y cuyas sentencias constituyan un zócalo común de legalidad y de institucionalidad. Los contenciosos que llegan al Tribunal Constitucional afectan cada vez más aspectos de nuestra sociedad: desde las corridas de toros hasta la disolución  del Congreso, y desde los fondos de la ONP hasta la anulación de los peajes. La credibilidad del intérprete supremo de nuestra constitución es un indicador mayor del estado de nuestra democracia.

Hay un país que nos da un ejemplo a no seguir en materia de división política en pleno auge de la pandemia: Estados Unidos. Ayer se inauguró la Convención del Partido Demócrata que debe oficializar la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris. Tres expresidentes tomaron la palabra para respaldar a sus correligionarios: Jimmy Carter, de 97 años, Bill Clinton y Barack Obama. Fiel a sus excesos y ligerezas jurídicas, Donald Trump sostuvo que los demócratas solo podrían ganar con trampa. Y consideró incluso que se le debería permitir candidatear una tercera vez, porque la primera, el 2016, fue víctima, según él, de fraude electoral.

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