Dirigente aclaró que los empleados no descartan realizar otras protestas para "presionar al Gobierno a que solucione el problema de Doe Run".
Los trabajadores de Doe Run Perú votaron a favor de continuar las negociaciones con la empresa minera, pero no descartaron continuar con sus protestas en demanda de una solución a la crisis financiera por la que atraviesa la compañía, informaron hoy fuentes sindicales.
El secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos de Doe Run, Roberto Guzmán, explicó que la mayoría de los trabajadores se pronunció ayer a favor de seguir negociando con Doe Run para que "mantenga sus sueldos", en lugar de interponer un recurso ante los tribunales para obtener la administración judicial de la empresa.
Guzmán aclaró que los empleados no descartan realizar otras protestas para "presionar al Gobierno a que solucione el problema de Doe Run" y para que los más de 3.000 obreros conserven sus puestos de trabajo.
Doe Run Perú propuso a finales del mes pasado inyectar 31 millones de dólares y de capital fresco por parte del accionista mayoritario y pidió al Gobierno una extensión de 30 meses del plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que vence en octubre.
Además, la empresa, filial del Grupo Renco de Estados Unidos, propuso a sus trabajadores el pago del 50% de sus remuneraciones.
La minera Doe Run Perú, una de las más importantes del país, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la región de Junín, desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, Doe Run redujo sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
Tras la mediación del Ministerio de Economía, un grupo de empresas del sector minero anunció el pasado 2 de abril su compromiso de avalar un crédito de 175 millones de dólares para que Doe Run reanudara sus actividades.
A cambio, la empresa, a la que se le suspendieron esta semana sus derechos como miembro activo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se comprometió a poner el 100% de sus acciones como garantía de su cumplimiento del PAMA.
Sin embargo, el plan de rescate no llegó a ser ejecutado ante la solicitud de Doe Run de ampliar el plazo del programa ambiental.
En respuesta, el Gobierno advirtió que solo lo haría si la minera cumple con los compromisos adquiridos con los acreedores, que demandan que su matriz en EE.UU. capitalice la deuda de 156 millones de dólares de su filial peruana. EFE
El secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos de Doe Run, Roberto Guzmán, explicó que la mayoría de los trabajadores se pronunció ayer a favor de seguir negociando con Doe Run para que "mantenga sus sueldos", en lugar de interponer un recurso ante los tribunales para obtener la administración judicial de la empresa.
Guzmán aclaró que los empleados no descartan realizar otras protestas para "presionar al Gobierno a que solucione el problema de Doe Run" y para que los más de 3.000 obreros conserven sus puestos de trabajo.
Doe Run Perú propuso a finales del mes pasado inyectar 31 millones de dólares y de capital fresco por parte del accionista mayoritario y pidió al Gobierno una extensión de 30 meses del plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que vence en octubre.
Además, la empresa, filial del Grupo Renco de Estados Unidos, propuso a sus trabajadores el pago del 50% de sus remuneraciones.
La minera Doe Run Perú, una de las más importantes del país, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la región de Junín, desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, Doe Run redujo sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
Tras la mediación del Ministerio de Economía, un grupo de empresas del sector minero anunció el pasado 2 de abril su compromiso de avalar un crédito de 175 millones de dólares para que Doe Run reanudara sus actividades.
A cambio, la empresa, a la que se le suspendieron esta semana sus derechos como miembro activo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se comprometió a poner el 100% de sus acciones como garantía de su cumplimiento del PAMA.
Sin embargo, el plan de rescate no llegó a ser ejecutado ante la solicitud de Doe Run de ampliar el plazo del programa ambiental.
En respuesta, el Gobierno advirtió que solo lo haría si la minera cumple con los compromisos adquiridos con los acreedores, que demandan que su matriz en EE.UU. capitalice la deuda de 156 millones de dólares de su filial peruana. EFE
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