Trabajadores de Doe Run acatan desde hoy huelga en La Oroya

Trabajadores de Doe Run acatarán desde hoy una huelga indefinida en busca del reinicio de las operaciones de la minera y el complejo metalúrgico de La Oroya, paralizadas hace un año, mientras que el Gobierno advirtió que no permitirá el bloqueo de la Carretera Central.

El secretario general de los Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, Royberto Guzmán, declaró que la protesta se realizará a pesar de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han tomado el control de esa localidad minera, ubicada en la región Junín.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, afirmó que el Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito por la Carretera Central, una vía vital para el transporte de alimentos y productos hacia Lima y otras ciudades costeras.

Aseguró que los dirigentes de los mineros pretenden tomar la vía para "ejercer presión" y que el Gobierno autorice el reinicio de las operaciones mineras, a pesar de que Doe Run ha incumplido con sus compromisos ambientales.

El primer ministro confirmó que se ha enviado a La Oroya a contingentes de la Policía Nacional con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas para garantizar el libre tránsito.

Guzmán enfatizó, por su parte, que la huelga es "contra la empresa", a la que exigió que cumpla su promesa de reiniciar sus operaciones.

"La responsable (de esta protesta) es la empresa, porque los trabajadores hemos apostado a todo, incluso renunciando a algunos derechos", señaló en alusión al acuerdo que se tomó para que los mineros reciban el 70% de su sueldo.

Doe Run Perú, que cuenta con unos 3.000 trabajadores, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, y produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.

A partir de la crisis financiera internacional, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.

Guzmán acusó a Doe Run de seguir "poniendo inconvenientes" para cumplir con sus compromisos y reconoció que, en un primer momento, "hubo voluntad del Gobierno y de los trabajadores" para solucionar el problema.

Criticó, sin embargo, al primer ministro por "amenazar" con reprimir a los huelguistas y dijo que los dirigentes mineros "lo único que hacen es someterse a la voluntad del pueblo".

Guzmán pidió "las disculpas del caso a los transportistas y a las personas" que emplean la vía por los problemas que les causarán.

El dirigente aseguró, además, que los mineros están dispuestos a acudir "al llamado (de las autoridades) en cualquier momento para ver" como se resuelve el problema y se fija el reinicio de operaciones de la minera.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, advirtió que el complejo metalúrgico será cerrado y luego sometido a un concurso público si Doe Run no cumple con reiniciar sus operaciones antes del 24 de julio.

"De darse este caso, los trabajadores entrarían en un proceso de reconversión laboral para reubicarlos en otros proyectos mineros", anunció Sánchez.

El ministro consideró "inaceptable" una nueva agenda de cuatro puntos que ha planteado Doe Run y recordó que las autoridades dieron a la empresa más de diez meses para reiniciar sus actividades.

Reveló que ahora la empresa pide que el Estado modifique el contrato de privatización de 1997 para "blindar" a los accionistas y empresas afiliadas ante cualquier posible denuncia sobre responsabilidad ambiental.

"El pedido es que se extienda esta cobertura a las empresas afiliadas a Doe Run, con lo cual los afectados no pueden iniciarles procesos judiciales en Estados Unidos. En consecuencia aceptar una situación como esta, sería comprometer un pasivo y deudas inmanejables para el Gobierno, lo cual es inaceptable", manifestó.

Doe Run Perú ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento y aún requiere de una inversión de 160 millones de dólares para finalizar.

EFE