Urgencia de agenda y líderes alternativos, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El presidente y el primer ministro han optado por una defensa populista ante las investigaciones fiscales. Ambos se niegan a asumir la gravedad de las imputaciones de corrupción y prefieren atizar una movilización popular contra las instituciones de la República: la Fiscalía, el Congreso y la prensa libre. Ambos parecen preferir que haya violencia en vez de reconocer lo que cada día se hace más patente: la existencia de una organización de prácticas corruptas que se puso en funcionamiento desde antes de que Pedro Castillo prestase juramento como presidente. Así lo evidenció el audio de la conversación entre Bruno Pacheco y Juan Silva. Durante la semana que comienza hoy veremos qué declaran los detenidos del caso Anguía y si nuevos prófugos prefieren pasar a la condición de colaboradores eficaces. Mientras el Ejecutivo pretende intimidar a fiscales y periodistas, las consecuencias del desgobierno se dejan sentir en todos los sectores. El gobierno no ha sido capaz ni de seleccionar correctamente una empresa para comprar urea. Paola Bustamante advierte que cinco proyectos mineros de envergadura se hallan paralizados por la falta de acción del Estado, con la consiguiente pérdida de ingresos al Fisco y de puestos de trabajo. Hasta en el sector cultural, hemos visto el pésimo manejo del sitio de Machu Picchu, que ha penalizado a miles de turistas que vienen a nuestro país para visitar el referente mayor de nuestro patrimonio cultural. La corrupción envenena la moral pública y empobrece a los más vulnerables. La oposición democrática no solo debe aportar una salida constitucional a la crisis. Debe también elaborar un acuerdo de transición y gobernabilidad que sea encarnado por líderes honestos y creíbles.

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