El premier expresó su voluntad de acompañar al ministro de Transportes ante el Pelno para reafirmar que dicho contrato fue suscrito dentro del marco de la ley.
El jefe del Gabinete, Javier Velásquez, afirmó estar dispuesto a acompañar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, si es convocado por el Pleno del Congreso para explicar que el contrato de concesión del puerto de Paita fue suscrito dentro del marco de la ley.
"Si el Parlamento en uso de sus legítimas facultades convoca al ministro del sector lo acompañaré para explicar en el pleno del Congreso que este contrato no solo es impecable, sino muy favorable a los intereses del país, especialmente de los piuranos", manifestó.
Indicó que hubiera sino nefasto para el país diferir la firma del contrato a sólo pedido de una comisión legislativa, "alterando el orden constitucional que todos debemos respetar".
Precisamente, la Comisión de Transportes del Congreso pidió un plazo de 60 días para analizar este tema antes de concretar esta operación.
"Puede haber sido una buena sugerencia, pero de ninguna manera obliga al Poder Ejecutivo a prorrogar la suscripción de un contrato que ha cumplido con todos los requisitos y exigencias, por eso ayer hemos respaldado al ministro de Transportes y a la jefe de Proinversión, porque su actuación en este aspecto ha sido impecable", expresó.
Velásquez expresó su confianza en que la concesión del puerto de Paita no generará un conflicto social en Piura, ya que la población de la región ha expresado su respaldo mayoritario a dicha operación.
Reiteró que no se pondrá en peligro los derechos de los trabajadores portuarios e indicó que los intereses del país están a buen recaudo.
Además, esta concesión va a significar un impulso en la economía y desarrollo de la zona norte del país, en especial, de la agricultura, agregó.
Recordó que el contrato garantiza la estabilidad laboral de cada trabajador e inclusive, refirió, que quienes no están de acuerdo con pertenecer a la nueva empresa, tendrán la posibilidad de ser transferidos a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), sin perder su condición laboral.
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