Violación sexual a menores, una problemática que avanza año tras año [ANÁLISIS]

El rapto y violación de una niña de tres años en Chiclayo ha provocado la indignación de millones de ciudadanos. El confeso secuestrador y violador es Juan Antonio Enríquez García (48). Este caso se suma a la estadística de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una grave problemática que enfrenta el Perú como sociedad, donde el Estado no ha podido prevenir y erradicar este delito que vulnera la integridad de los menores de edad.

El Ministerio de la Mujer maneja estadística en la que se recoge que más de 21 mil menores han sido víctimas de violación en los últimos cuatro años. Durante el 2021 se atendieron en los Centro de Emergencia Mujer (CEM) 22,456 casos de violencia sexual, de los cuales alrededor de 14,500 casos corresponden a mujeres menores de 18 años, es decir el 64,6% del total. Después del robo agravado, las cárceles están llenas de 10 104 presos por violación sexual de menores en el país.

El Poder Judicial informó que entre el mes de marzo y lo que va a abril, se han impuesto 21 condenas de cadena perpetua por delitos de violación sexual en agravio de menores de edad. Doce de estas condenas fueron impuestas a agresores que estaban dentro del círculo familiar de la niña o niño violentado: se trataba del padrastro, del tío o de su propio padre.

La abogada Brenda Álvarez, de la ONG Justicia Verde, manifestó que las cifras de violencia sexual van incrementandose año a año.

“Los casos reportados de este año suman en total 1, 606. El 77% de estos casos tuvo como víctima una niña, niño o adolescente. Aproximadamente 10 violaciones sexuales se cometen diariamente en el país contra niños, niñas y adolescentes”, refirió.

La abogada manifestó que se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia con la debida diligencia para evitar la impunidad de los delitos, que luego origina la reincidencia de los perpetradores. Asimismo, pidió cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescente que pasan por estos procesos sin que sean revictimizados.

“En el caso de la niña de Chiclayo nos podemos dar cuenta que se está poniendo poco interés en cautelar los derechos de la niña. Se le pide que la niña dé sus declaraciones. Estamos frente a un caso donde se cuenta con material probatorio que incrimina a la persona que tiene prisión preventiva. Es decir, ¿hasta dónde el Estado va a seguir revictimizando a las niñas, niños y adolescentes?”, manifestó.

Para Stephany Orihuela, psicóloga especialista en protección infantil, la cifra de violencia sexual sería aún mucho mayor, debido a que no se llegan a denunciar al haber sido cometidas por personas dentro del entorno familiar.

“Este caso nos llamó la atención sobre personas desconocidas que puedan tener acceso a los niños, niñas y adolescentes y cometer actos de tal magnitud y gravedad. La mayoría de casos, sin embargo, son personas cercanas al ámbito familiar, más del 80% de los casos son personas del entorno familiar”, indicó.

“Muchas veces por vergüenza o desconocimiento no denuncian, podríamos estar hablando de una cifra mayor”, añadió.

Medidas preventivas

La psicóloga Orihuela afirmó que desde el Estado se debe incorporar efectivamente el tema de la educación sexual integral como medida de prevención.

“Reflexionemos que tenemos que enseñarles a niños, niñas y adolescentes, para que en el futuro no sean víctimas ni agresores. Esto es hablando de normas, límites, educación sexual y hablando de las partes del cuerpo que también uno debe cuidar ni transgredir con otro. Esto es importante que familias hablen con sus hijos e hijas sobre la violencia sexual, sobre cómo cuidarse”, indicó Orihuela.

Orihuela manifestó que si no se habla de educación sexual, mucho menos se podrá hablar de violencia sexual.

“Esa es la puerta de entrada: cuando un niño, niña o adolescente, una persona entiende su cuerpo, entiende cómo funciona la sexualidad en general. No lo podemos negar. Al negarlo, puede ocasionar que 1) haya desconocimiento profundo de lo que pasa con la sexualidad, con persona en general no sepan cómo actuar, y 2) curiosidad a que se busque información en lugares incorrectos. Entonces no podemos negar la sexualidad que es parte del desarrollo humano, ni mucho menos negar la educación en sexualidad que es un derecho que toda persona debería tener para entenderse a sí mismo y entender a las otras personas, siempre desde el respeto y los límites que podamos establecer. Está comprobado que al brindar mayor información sobre la educación sexual integral se previene muchas situaciones, ya sea víctimas o como agresores”, indicó.

La abogada Álvarez coincidió en incidir en la prevención de violencia sexual, a través de la implementación de la educación sexual integral con enfoque de género en las escuelas. En esa línea, rechazó la propuesta del Gobierno en torno a la castración química para violadores.

“Lamento mucho que la problemática de violencia sexual se utilice con fines populistas. La propuesta de castración como sanción a la violación sexual en agravio de niños son propuestas que están fundadas en el absoluto desconocimiento de la problemática y tiene como fin la aprobación política”. manifestó.

Trabajo intersectorial

Elvira María Álvarez Olazábal, jueza suprema provisional y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, manifestó su rechazo al indignante caso ocurrido en Chiclayo. Asimismo, manifestó que solo si las instituciones trabajan de forma intersectorial se logrará aplicar una sanción oportuna y adecuada.

Álvarez indicó que por falta de presupuesto todavía no se implementa el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ). Este sistema involucra tanto a la Policía, Fiscalía, jueces, ministerio de la Mujer para atender con especialidad los casos de violencia en todas sus formas, asegura.

“Hay una obligación para que este sistema funcione para atender a todas las víctimas en los estándares de debida diligencia reforzada, dentro del plazo razonable”, refirió.

Asimismo, la jueza consideró que en casos de violencia sexual no cabe invocar la inimputabilidad de los agresores y señaló que se debe trabajar para cambiar la mentalidad machista en la sociedad. “Cuando se da este desastroso caso, es también porque necesitamos transformar esa mentalidad: ¿Qué lleva a una persona a vulnerar a tal grado a una criatura? No solo es la libido, hay un ejercicio de poder. Es un ejercicio de quien siente que el dominio los satisface, entonces, allí hay un problema de fondo”, manifestó.

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