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Hay información dolorosa pero que busca crear conciencia; se trata de los casos de feminicidio y violencia contra la mujer, que lamentablemente no disminuyen en el país. Los datos de prevalencia los presentamos en el siguiente informe.
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Violencia de género en Perú: 170 feminicidios y más de 142 mil denuncias de violencia reportados en 2023
Sonriendo y levantando los pulgares, Claudia Sedano, de 45 años, recibió el alta médica. Ella es una sobreviviente. Fue atacada en diciembre pasado por un hombre tras defender a su vecina, víctima de violencia en Tumbes. El Ministerio de la Mujer lucha para que su caso sea calificado como tentativa de feminicidio.
Claudia terminó con graves lesiones en la cabeza por defender a su vecina agredida. Su recuperación fue denominada "un milagro" por el doctor Luis Saavedra, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
“La agresión que ha sufrido es un golpe criminal, un golpe a matar. Definitivamente, el hueso parietal no se fractura con facilidad y la forma como se hundieron fragmentos de huesos parietal hacia el cerebro, eso indica la gran cantidad de fuerza con la que fue agredida”, resaltó.
Aunque el caso de Claudia no se sumó a los 170 feminicidios reportados a nivel nacional en 2023, sí figura entre las más de 142 mil denuncias por diversas formas de violencia registradas por los Centros de Emergencia Mujer. Estas cifras reflejan un aumento de más de ocho mil casos en comparación con los 133 mil reportados en 2022, según señala Johnny Mayta, vocero del Programa Nacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Lima Metropolitana ha registrado 27 casos de feminicidios, Arequipa se ha registrado 26. Luego, Huánuco y Junín, que han registrado once en cada uno y, luego, Cusco tiene 10. Son las regiones con mayor casos registrados”, sostuvo.
El incremento de estas cifras ha motivado la reacción de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que ha identificado a Lima, Arequipa, Cusco y Junín como las cuatro regiones con mayor índice de violencia contra la mujer.
Según Diana Portal, adjunta de la Defensoría del Pueblo, la falta de disminución de estos casos se debe principalmente a dos factores: la normalización de los casos de violencia y la falta de diligencia para atenderlos.
“Y, por supuesto, en estas regiones, se va recrudeciendo los casos se va incrementando los casos precisamente por este contexto de tolerancia social a la violencia y, otro lado, por la falta de debida diligencia en los servicios. Hemos visto muchos casos en donde no se les quiere recibir la denuncia, se estigmatiza a las víctimas, no hay un seguimiento adecuado a las medidas de protección”, advirtió.
Por ello, no sorprende que solo 8 de los 34 distritos judiciales a nivel nacional hayan implementado el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), el cual busca que los operadores de justicia tomen decisiones informadas a través de este listado que consolida los datos de agresores y víctimas de violencia.
La excongresista Arlette Contreras, quien fue víctima de violencia, considera necesario que este registro sea de acceso público.
“Creo que eso nos ayudaría muchísimo para identificar bien a los agresores y que no vuelva a sorprender a otras mujeres, en la situación en la que nos encontramos, en el país donde vemos que tenemos un gran problema que no podemos resolver no podemos atender. Creo que hacer público un registro de agresores resulta siendo muy importante creo que nos ayudaría mucho en el marco de la prevención, dejemos de ser tan garantistas para los delincuentes”, indicó.
Si bien el feminicidio acaba con la vida de la víctima, también tiene consecuencias en las generaciones futuras. El Ministerio de la Mujer ha contabilizado que, de las 170 víctimas mortales registradas en 2023, ocho de ellas se encontraban en estado de gestación. Además, 98 de los casos dejaron a 1 o más hijos menores de 18 años en la orfandad.
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Andrea Amesquita Cuya Periodista
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