La comisionada Roslyn Villanueva, consideró que se deben agotar todos los mecanismos legales y de diálogo para evitar un costo social.
La Defensoría del Pueblo informó que existe una alerta de conflicto social ante el posible desalojo de los invasores de 217 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas tras el pedido de recuperación de tierras formulado por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Roslyn Villanueva Ramírez, comisionada de la Defensoría del Oueblo, expresó que están haciendo seguimiento a este proceso y consideró que se deben agotar todos los mecanismos legales y de acercamiento entre los ocupantes de estas tierras y las autoridades, para evitar un costo social.
Expresó que es importante que las familias que han invadido las 217 hectáreas no se expongan a un desalojo y accedan a la posibilidad de vivienda que ha planteado la Municipalidad Provincial del Santa.
Respecto a las autoridades que respaldan la invasión de las tierras de Chinecas, Villanueva expresó que ellas están llamadas a cumplir y actuar en el marco de la ley sin intereses personales.
“La recuperación de estas tierras no es algo ajeno al marco legal y se debe agotar las vías de diálogo. Las familias que tienen necesidad de vivienda pueden acceder a las alternativas que les dan las municipalidades”, sostuvo.
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