Exigen que la empresa los indemnice por una contaminación ambiental generada en 2016 por derrame de gas natural. La empresa niega las acusaciones.
Un grupo de al menos 100 comuneros llegaron al kilómetro 43, en la comunidad de Camaná, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia cusqueña de La Convención, con la intención de cerrar las válvulas que permiten el transporte del gas natural de Camisea, por ductos que atraviesan la selva cusqueña.
La consigna es cerrarlas en protesta contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) a la que acusan de generar daños medioambientales en 2016. José Cruz Pacaya, jefe de la comunidad nativa de Camaná, confirmó a RPP que la decisión se tomó luego que no se llegaran a conclusiones en las reuniones con la empresa TGP, donde también participó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
"Hemos decidido hoy día cerrar las válvulas... El diálogo ya se empezó en noviembre, diciembre y no estamos llegando a un acuerdo... Vamos a estar en marcha de lucha y cerramos válvula... Queremos que la empresa nos indemnice, ellos nos negaron varias veces, diciendo 'no hay contaminación, no hay contaminación', pero cuántos peces muertos hay", dijo.
José Cruz Pacaya adujo que el pedido de los comuneros sobre una indemnización, por la afectación tras el derrame de gas natural ocurrido en 2016, no fue atendido y que la PCM pide seguir dialogando. Esto fue rechazado por los manifestantes, quienes exigen respuestas inmediatas.
En tanto la empresa TGP emitió un comunicado en el que muestran su preocupación por los anuncios del dirigente de Camaná. En el documento vuelven a negar los daños ambientales y señalan que este tema debía ser resuelto con la conformación de un comité de seguimiento a los acuerdos asumidos con exdirigentes de la comunidad nativa.
"Transportadora de Gas del Perú (TGP) manifiesta su profunda preocupación por las recientes declaraciones realizadas por el Señor José Cruz, jefe de la Comunidad Nativa Camaná, en Cusco, en las que amenaza públicamente con tomar las instalaciones del Sistema de Transporte por Ductos (STD) como medida de presión para exigir, sin ningún sustento, el pago de una indemnización en efectivo por un inexistente daño ambiental", indica el comunicado.
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