La intervención la realizó la Defensoría del Pueblo a raíz del feminicidio de una suboficial de la Policía Nacional, en el distrito de La Victoria.
Representantes de la Defensoría del Pueblo detectaron una serie de deficiencias en la atención de las denuncias por violencia familiar que se presentan en la comisaría del distrito de La Victoria (región Lambayeque).
Se verificó que el personal de la dependencia policial se limita a orientar a las víctimas para que la gobernación regional les otorgue garantías personales y no intervienen de manera inmediata, mucho menos comunican al Juzgado de Familia de turno para la adopción de medidas de protección, vulnerando lo establecido por ley.
Asimismo, en la sección de violencia familiar solo tres agentes policiales, distribuidos en diferentes turnos, se encargan de la atención, siendo insuficiente para dicha labor, teniendo en cuenta que en lo que va del año, se recibieron más de 350 denuncias.
También se comprobó que la dependencia no cuenta con el libro o sistema de registro de medidas de protección, cuyo uso es obligatorio de acuerdo a la Ley N° 30364; además se tomó conocimiento que si bien han recibido 207 órdenes de protección otorgadas por los juzgados de familia a favor de las víctimas, no se ejecutan porque no se realiza el adecuado seguimiento.
Frente a esta situación, el jefe de la oficina Defensorial, Julio Hidalgo Reyes, solicitó formalmente al jefe de la Segunda Macro Región Policial adoptar las medidas correctivas en el más breve plazo posible, a fin de evitar que se repitan episodios lamentables.
Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo supervisó la comisaría a raíz del caso de la suboficial Gianelly Coronado, quien fue asesinada por su conviviente, otro agente, luego de haber denunciado una amenaza de muerte en la referida dependencia.
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