Víctor Rivadeneyra exigió intervención de Fiscalía, pues mientras se pagan cuantiosas sumas hay docentes que solo reciben 10,15 y 20 soles mensuales.
El representante del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) de Lambayeque, Víctor Rivadeneyra Sandoval, denunció que en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo se habría producido el presunto delito de malversación de fondos y exigió la intervención del Ministerio Publico y Contraloría General de la República.
El dirigente advirtió que en la UGEL Chiclayo, se habrían cancelado los montos por sentencias judiciales con dinero destinado para el pago de remuneraciones y pensiones, a un grupo de servidores activos y cesantes, como ocurrió el 30 de diciembre del 2015, mediante la resolución directoral N° 6682-2015-G, cuando se dispuso dar cumplimiento a las resoluciones judiciales N°13, N°17 y N°21, a favor del demandante, Pedro Benavides López y otros, reconociéndose reintegros por las sumas de 19 mil soles a 28 mil soles.
Rivadeneyra denunció que en septiembre del 2016 también cancelaron a las mismas personas a cuenta de su reintegro la suma de 6, 400 soles, utilizando una partida que no correspondía, y en los meses de julio a octubre habría sucedido lo mismo, pero dándoles 1 500 soles.
El dirigente sindical también denunció que mediante la resolución directoral N°2242-2015-GR, se ordenó cumplir un mandato judicial para la nivelación de pensión a favor de Martha Yolanda Castillo Zapata, con el reconocimiento de su devengado por la suma de 80 mil soles, por lo que entre octubre y diciembre del 2016 le entregaron el importe a través de cuatro armadas con fondos de la partida de pensiones.
Rivadeneyra pidió se revisen las planillas de la UGEL de Chiclayo, entre los meses de septiembre del 2016 y octubre del 2017, pues allí se advierten pagos a servidores activos y cesantes con abonos que superan los 48 mil soles, que habrían sido cancelados con recursos destinados a Remuneraciones y Pensiones, mientras hay docentes con sentencias desde el 2011, a quienes se les paga ínfimas sumas de 10, 15 y 20 soles mensuales, bajo el pretexto de falta de presupuesto.
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